Gestión Pública del Perú y el Mundo: El prófugo más buscado y Los Chavinaudios

Interesante, El prófugo más buscado - 05/07/2014 4:30:00

"Sumada a la captura del presidente regional de Áncash César Álvarez, la orden de prisión preventiva dictada esta semana por la Sala Penal Nacional contra Rodolfo Orellana, su abogado Benedicto Jiménez y otros 23 colaboradores puede ser un segundo golpe decisivo contra las mafias que han asumido el protagonismo de la delincuencia en el Perú. Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, entre 2002 y 2011 la organización comandada por Orellana usó el sistema financiero para recibir más de dos millones de dólares de procedencia ilícita, lo que motivó el pedido de detención de la fiscal de lavado de activos Marita Barreto. Orellana suma abundantes denuncias judiciales y periodísticas que demostrarían que encabeza la red delictiva más grande del país, con al menos 83 personas y 63 empresas vinculadas y negocios que llegan hasta Panamá o China. Ahora sabemos que una de sus principales operaciones consistía en despojar a terceros de sus propiedades, y que tanto el camal de Yerbateros como el hospital Hermilio Valdizán, el Ministerio de Educación y hasta la Fundación por los Niños del Perú y el club Alianza Lima estuvieron en su mira. Para hacerlo recurría a pequeñas fracturas en la ley, y montaba falsos procesos arbitrales, o creaba empresas liquidadoras fantasma que inventaban una deuda y la ejecutaban, o emitía cartas finanzas a través de la cooperativa Coopex, que eran presentadas en procesos de licitación frente al Estado por empresas constructoras, para demostrar su solvencia. Luego estas empresas pedían un adelanto de inicio de obra y desaparecían, llegando según la fiscalía a estafar al Estado por un total de S/. 56 millones. Pero si algo supo hacer Orellana fue cubrirse las espaldas. Para hacerlo contaba con una red de notarios, jueces, policías y congresistas capaces de dilatar o ahogar los procesos en su contra, al tiempo que facilitaban las causas que él mismo iniciaba. Así pudo perseguir judicialmente a los periodistas que lo denunciaron, y que debieron enfrentar querellas por difamación que eran invariablemente aceptadas por el Poder Judicial. El complemento de esta maquinaria de amedrentamiento era la revista Juez Justo, un pasquín llevado por sicarios de la pluma, que injuriaban a quien se atreviera a rozar alguno de los muchos casos donde Rodolfo Orellana estaba implicado. Por si fuera poco, se lo acusa de montar una red de espionaje telefónico y de estar vinculado al caso «La Centralita» de Áncash. Hace muy bien Augusto Álvarez Rodrich cuando se pregunta qué cambió para que Orellana y su corte de los milagros perdieran el favor de un Poder Judicial tan permisivo durante todo este tiempo. En su columna de ayer viernes, Juan de la Puente da una respuesta: tanto el desenlace de este caso como el de César Álvarez ocurren gracias a una nueva y mejor normativa contra la corrupción, y tienen su origen en los «Consejos de Estado», con la participación de los titulares de los máximos organismos estatales, además del Presidente Humala. Como cuenta De la Puente, respetando la autonomía constitucional de cada participante, allí «se trazan estrategias y se exigen cuentas claras», y son una importante muestra de voluntad política. Pero antes que dejarnos ganar por el entusiasmo y hacer una evaluación optimista de este giro que parece dar la lucha contra la corrupción en el Perú, habría que esperar al desenlace del caso del ahora prófugo Orellana. Quizá cuando se capture a este ex militante aprista, que en el 2006 fue candidato a regidor del Consejo Metropolitano de Lima, se autodefine como «un empresario común» y ha sabido sortear a la justicia por un tiempo inusualmente largo, y se lo procese con seriedad e independencia junto con sus cómplices, podamos atrevernos a creer que el extendido cáncer de la corrupción comienza a enfrentarse con verdadera decisión, desde dentro y fuera del Estado peruano.
El diario negro
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Interesante, Los Chavinaudios - 12/08/2013 15:51:57

"¡Estamos de aniversario! En estos días este blog cumple 8 añitos. Por supuesto, a mí siempre se me pasan las fechas, pero todavía no es tarde para celebrar. Así que aprovecharé para reactivar esta fase de antología de mi trabajo reporteril con un tema que sigue trayendo cola: los Chavinaudios.
No, no me gusta el nombre y no se lo pusimos nosotros en INFOS. Pero medio que quedó, ¿no? Así que lo dejamos así en aras del SEO. Acá van los dos reportajes que he publicado sobre este tema, además de enlaces a las notas de Uceda y a mi columna en La República (además de un breve disclaimer). Por supuesto, donde haya que agregar links o videos, lo hago.
***

Gobierno y Poder Judicial "unificaron criterios" en juicio Chavín de Huántar
AUDIOS. Donde se revela un prolongado almuerzo en mayo del 2012 entre Juan Jiménez, Pedro Cateriano, César San Martín y la jueza que decidió el caso Chavín de Huántar. La independencia de los poderes en entredicho. De qué discutieron mientras llegaba la gelatina.
Marco Sifuentes
INFOS
4.8.13
Siete videos de YouTube, de unos quince minutos de duración cada uno, albergan el audio de la grabación de un almuerzo inusual. Los audios fueron subidos hace pocos días, el 1 de agosto, por el usuario anónimo "Turbo Pascal" bajo el título de "Otro audio de Pedro Cateriano". Pero el actual ministro de Defensa no es el único grabado subrepticiamente allí.
La reunión registrada en los audios ocurrió el 31 de mayo de 2012. En su momento, INFOS dio cuenta de aquel encuentro e incluso se preguntó si la jueza Carmen Rojassi habría grabado la conversación, como temía alguno de sus contertulios.
Los audios que ahora se revelan confirman que en el almuerzo, del más alto nivel, los representantes del Ejecutivo le plantearon sus deseos sobre el caso a la jueza. En ese momento, una sala penal de la Corte Superior estaba por sentenciar a Vladimiro Montesinos, Roberto Huamán y Nicolás Hermoza por supuestas ejecuciones extrajudiciales en el rescate de rehenes de la embajada de Japón, en 1997.
Al mismo tiempo, el Estado Peruano había sido denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber hecho justicia durante nueve años de proceso judicial. Este fuero podría desconocer lo actuado hasta ahora por la justicia peruana, que ha excluido minuciosamente de responsabilidad a cualquiera de los comandos de la operación Chavín de Huántar. El gobierno temía que este proceso fuera afectado por la sentencia de la sala de Rojjasi, que terminó . En ese contexto, se produjo el almuerzo.
El anfitrión fue el doctor César San Martín, presidente del Poder Judicial. Sus invitados: Juan Jiménez Mayor, entonces ministro de Justicia; Pedro Cateriano, entonces agente ante la CIDH por el caso Chavín de Huántar; y la ya mencionada jueza Rojassi, entonces presidenta de la Tercera Sala Penal Liquidadora que veía el caso.

"UNIFICAR CRITERIOS"
A los pocos minutos de pasar a un ambiente privado. César San Martín toma la palabra:
SAN MARTÍN: Esta reunión tiene como objeto… Es que ha habido mucho teléfono malogrado en esto. Dicen que dijeron que me dijo que no dijo. Entonces yo creo que lo más sano era tú ministro, tú Pedrito, conozcan directamente cuál es la impresión, que ella va a ser todo lo sincera posible; y todo claro, para que ustedes vean cuál es la dimensión de cómo se observa el caso. Cómo lo observa la jueza que está dirimiendo el caso, y poder tener información cierta, unificar criterios, y ver qué se puede hacer en términos de que el Estado mejore su estrategia o la reordene, si fuera necesario. No sé si tú [a Rojjasi] puedes dar una primera visión general…

En ese momento se inicia una exposición del caso a cargo de la jueza, con interrupciones de los asistentes.
San Martín guía a la jueza, como veremos más adelante, por los recovecos legales. Cateriano se muestra muy interesado en las pruebas, indicios y detalles de cómo ocurrieron los hechos durante el rescate de la residencia del embajador japonés. El que interviene menos es Jiménez, muy enfocado por el ámbito de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
En varios momentos, los contertulios coinciden en que la defensa del Estado peruano, en este caso, ha sido pésima.
SAN MARTÍN: Creo que se abre una línea… La doctora ha sido muy comprensiva y creo que siempre ha sido abierta con nosotros y con el Estado, eso es lealtad al Estado, lo que no quiere decir que sea parcial, o violando derechos de terceros, pero siempre está llana al diálogo. Un diálogo amplio y de cualquier lógica que ustedes planteen. Ahora, nos parece, porque de hecho la he visto, que la defensa del Estado en el juicio ha sido muy, muy mala y eso también trae problemas. Uno llega hasta el hartazgo, acá dice cosas que parece que no han leído el expediente (ininteligible) el Estado hace tal cosa (ininteligible) aparentemente ayuda (ininteligible) porqué qué quiere decir: le pone un argumento de presión al tribunal y si el tribunal condena entonces, la corte, la defensa va a sacar (ininteteligible).
CATERIANO: Como ha dicho él eso, ahí está, pues: ¡el Estado es culpable! ¡Lo está reconociendo el propio procurador!

"A VER, CARMENCITA"
Reiteradamente, San Martín le plantea escenarios legales a la jueza.
SAN MARTÍN: Ella [refiriéndose a Rojjasi] tiene que dar dos respuestas: ¿Se ejecutó extrajudicialmente a Tito? Sí. ¿Ese hecho fue producto de una orden superior? Sí o no. Ahí nomás se queda.
ROJJASI: Supongo que también se puede decir (inintelegible).
SAN MARTÍN: Ya. Más eso. Tercero. Pero la base es decir hubo o no extrajudicial. Ése es el antecedente fáctico del otro. Lo demás es imputación normativa.
ROJJASI: Perfecto, pero aparte de eso le digo una cosa. Nos guste o no nos guste, si Vladimiro, Huamán, Zamudio y Hermoza Ríos son juzgados significa que hubo línea paralela de comando y por tanto (inintelegible) con mayor razón de esto y la Corte…
SAN MARTÍN: Pueden haber muchas cosas.
ROJJASI: No, pero con mayor razón. Estamos hablando, vas a lograr una sentencia…
SAN MARTÍN: A ver, a ver, Carmencita. Una cosa: si tú dices, primero, hubo ejecución extrajudicial ya de hecho el Estado es responsable tercero. Segundo, tú tienes… Ante la sede nacional, la pregunta es: esa ejecución extrajudicial, ¿se hizo por orden de los acusados presentes en juicio? ¿Sí o no? Hay dos preguntas. La pregunta previa es: ¿hubo o no extrajudicial? Y para decir que fue extrajudicial, tú tienes que decir si en efecto al muerto se le mató estando rendido o fuera de combate, violando o no el derecho humanitario.

Por cierto, César San Martín fue uno de los vocales supremos de la Sala Penal Transitoria que, hace un par de semanas, el 25 de julio de este año, ratificó la absolución de Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Azcurra por el caso Chavín de Huántar.
Es decir, San Martín ratificó la sentencia de la que estuvo conversando con Rojjasi en mayo del año pasado.

"NO HAY MUERTO EXTRAJUDICIAL"
Casi al final de la conversación, San Martín reitera su análisis de escenarios. Jiménez deja en claro su preocupación y el presidente de la Corte Suprema explica lo que quiere el Estado.
SAN MARTÍN: Ahora, fíjate. ¿Qué corresponde al Poder Judicial como tal en este caso, no es cierto? Decidir si hubo una ejecución extrajudicial y decidir si en esta ejecución… si este hecho extrajudicial fue dispuesto por una de las personas que son objeto de imputación o fluye que fueron terceros no identificados. Uno puede decir: hay extrajudicial pero no está probada si fue por orden. Dos, no hay extrajudicial y en consecuencia nadie tiene nada. O tres, hay extrajudicial y en efecto uno de ellos lo ordenó. Hay varias salidas que uno tiene. Desde luego, en clave internacional basta que se diga que hubo crimen internacional, que hubo ejecución para que el Estado se hunda. Eso lo tenemos claro…
JIMÉNEZ: Y la crisis política…
SAN MARTÍN: La crisis política…
JIMÉNEZ: …Se arma la pampa.
SAN MARTÍN: Claro, el escenario ideal para nosotros es… yo puedo… "¡Plazos razonables!", ya. Bueno, nos demoramos, pe ya. Pero eso es pecata minuta frente (inintelegilble).
JIMÉNEZ: La democracia administrativa…
SAN MARTÍN: Vamos a decir… diez años, pues, no te los aguanta nadie, ¿no?.
CATERIANO: ¡Pero la justicia demoró nueve!
SAN MARTÍN: Correcto, interesante. Ya. A mí lo que me interesa, como Estado, es que, porque así hayan matado Juan o Pedro, alguien lo haya matado, alguien lo mató y el Estado es responsable porque no cuidó la vida, no siguió los patrones jurídicos que corresponden en una intervención. Que al intervenido no se le debe de matar y eso (ininteligible). Obviamente el peor escenario es que se diga que todo fue planificado y que hubo una orden, en consecuencia se mancha Chavín de Huántar…
ROJJASI: Se mancha…
SAN MARTÍN: Es evidente que uno quiere, como Estado, con la independencia del caso, es que se diga "no hay muerto extrajudicial, murieron en combate".

"POR DÓNDE VAN LAS BALAS"
El año pasado, cuando INFOS reveló que esta conversación había tenido lugar, la justificación que se dio entonces es que un decreto establece que los procuradores que defienden al Estado en sede jurídica internacional deben coordinar con los titulares de cada entidad. El caso Chavín de Huántar estaba bajo la competencia de la CIDH.
Sin embargo, el problema está en que esta conversación se dio con la jueza que veía el caso nacionalmente. En este proceso, el Estado podía ser declarado tercero civil responsable.
SAN MARTÍN: En el tema judicial nosotros tenemos que dar una muestra de independencia, de trabajo serio, coherente, que sea y que parezca ser, las dos cosas, que es un juicio se ha dado con plenas garantías y que la conclusión que se llegue es la conclusión de un tribunal independiente. Y que desde luego, siempre he exhortado a Carmen que sea de tal forma, una sentencia que sea muy muy muy bien hecha. Yo me he permitido traerla con ustedes para evitar teléfono malogrado, para que por versión de ella, sepan más o menos por dónde van las balas y ustedes tengan una línea de conversación con sus procuradores y con el Presidente para qué le expliquen cómo es el tema, dónde están los problemas procesales del caso interno y que pueden merecer con una valoración adicional.

Poco después, el actual ministro de Defensa se dirige a la jueza:
CATERIANO: Doctora, su… la resolución de la sala que usted preside se va a ventilar, internacionalmente, o sea, le guste o no. Es decir, lamentablemente estamos viendo en el compás, en el ritmo nacional e internacional, más o menos así, en comparación al momento que le toca resolver este tema. Entonces, su… la resolución de la sala que usted preside de todas maneras causa un impacto…

Meses después del almuerzo, el 15 de octubre de 2012, la Sala que presidía Rojjasi exculpó a Montesinos, Huamán y Hermoza. La sentencia negó que haya habido una cadena de mando paralela a la de los comandos. Sin embargo, en la cuestión principal, resolvió en contra de lo que el gobierno quería. Dijo que el emerretista Eduardo Cruz Sánchez, más conocido como Tito, había sido ejecutado extrajudicialmente.
Tres días antes de que se emitiera la sentencia, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificar a la jueza Carmen Rojjasi. En la práctica, fue una destitución.
En los últimos segundos de los audios, se escucha la voz de quien luego sería el Presidente del Consejo de Ministros:
JIMÉNEZ: En sus manos, el Perú.
ROJJASI: Sí, ministro.

MAÑANA: Más extractos del audio. El problema Baraybar. Los peritajes extemporáneos aceptados y las hipótesis sobre la muerte de "Tito".
***
Y eso fue exactamente lo que publicó Ricardo Uceda, también de INFOS, al día siguiente. Como él mismo diría en su nota, se necesita un conocimiento muy fino del caso Chavín de Huántar (como el de Uceda) para entender varios extractos del audio. Por eso es que resultaban ridículas las acusaciones de que el material había sido manipulado
Luego, ya por mi cuenta, publiqué una columnita en La República unificando algunos criterios sobre el caso.
Usualmente ése es un espacio de opinión o, más exactamente, el espacio para presentar una visión personal de algunos aspectos de la realidad (sobre todo de la política local o del impacto de las tecnologías de la información en nuestras vidas). Intento no comentar en "Ya lo pasado, pasado" (así se llama mi columna, en serio) los reportajes que presentamos en INFOS.
Esto, por varios motivos: el reportaje pretende objetividad, mientras que la columna, no; el diario no me paga para hacerle cherrys a la agencia donde trabajo, y, por encima de todo, un buen reportaje es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios, dice todo lo que tiene que decir, y punto.
Pero tampoco tenía sentido dejar que ministros, congresistas y jueces siguieran distorsionando la realidad.
Hablando de reportajes que dicen lo que tienen que decir, el domingo volví con la secuela: la historia de la jueza Rojjasi. ¿Por qué podían presionarla? ¿Por qué no falló como quería el Gobierno? Mejor que los lectores se informen y deduzcan:
***

"No soy pepita de oro"
LA JUEZA. ¿Quién es Carmen Rojjasi? ¿Qué estaba viviendo cuando conversó con San Martín, Jiménez y Cateriano? ¿Tenían con qué presionarla? INFOS obtuvo sus expedientes y entrevistas ante el CNM. La clave de su destitución: la extraña sentencia a un narco israelí involucrado en el caso Fefer.
Marco Sifuentes
INFOS
11.8.13
La citaron a las 8:15 de la mañana. Carmen Rojjasi, jueza del sistema anticorrupción, fue la primera de 106 magistrados con los que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) programó entrevistas de evaluación el año pasado. Era el jueves 12 de abril.
La cita empezaría tarde. A las 8:40 le notificaron que la Asociación Civil Juez Justo había ingresado un escrito advirtiendo que la jueza no debía ser ratificada en su cargo porque había sido sancionada por un escándalo bien conocido en el Poder Judicial: el caso del narcotraficante israelí Zeev Chen.
En el video de la entrevista, al que INFOS tuvo acceso, el rostro de sorpresa de Rojjasi es evidente. Intenta buscar en sus archivos pero uno de su evaluadores pide la palabra.
A lo mejor usted requiere de más información, proveerse de algunos documentos, para absolver esta denuncia que a última hora ha llegado le dice el consejero Vladimir Paz de la Barra. Está en su derecho de solicitar una reprogramación de la vista o absolver [la denuncia] en este acto. Eso ya depende de usted.
Rojjasi sigue rebuscando en sus archivos y dice, muy segura, que, por el momento, prefiere continuar con la entrevista. El consejero la vuelve a interrumpir.
Lo que se trata es de salvaguardar su derecho de defensa. Está en todo su derecho de que se reprograme para absolver mejor eso.
Rojjasi accedió a que se reprograme. Después de todo, su puesto estaba en juego. La siguiente audiencia se agendó para el 7 junio. Exactamente una semana antes, el 31 de mayo, César San Martín, Juan Jiménez y Pedro Cateriano almorzaron con ella para unificar criterios.
Entrevista de la jueza Rojjasi ante el Consejo Nacional de la Magistratura, el 31 de mayo de 2012. Duraría poco.

JUEGOS DE ROLES
La jueza Carmen Rojjasi es todo un personaje en el Palacio de Justicia. Durante unos años, fue jefa de la Unidad Operativa Móvil de la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura. Como tal, su trabajo era desenmascarar actos de corrupción de otros magistrados. Para esto, no tenía reparos en disfrazarse de lo que sea y de grabar las emboscadas que tendía para registrar actos de corrupción en el Poder Judicial.
Rojjasi trabaja en el sistema de justicia desde 1979, cuando entró como practicante. Durante los años 90 adquirió cierta notoriedad cuando incluyó en la instrucción del caso de los narcotraficantes López Paredes, a un viceministro del Interior del régimen fujimorista y a dos generales del ejército. Esto le valió ataques públicos, en conferencia de prensa, de la entonces Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán.
Pero últimamente su carrera parecía estancada. Había postulado para vocal supremo en el 2010 y no le fue bien. Después de un largo proceso de evaluación, obtuvo 65.50 puntos. Se necesitaba un mínimo de 66.66 para continuar en el proceso. Solicitó una reconsideración y obtuvo 68.50. Igual no le alcanzó.
Entonces llegó el 2012. Cada siete años, los magistrados pasan por un proceso de evaluación, a cargo del CNM, para ver si son ratificados en sus cargos.
La noticia de que Rojjasi iba a ser evaluada ese año, justo cuando llevaba el proceso de Chavín de Huántar, estalló como una bomba en los Palacios de Gobierno y de Justicia. El presidente Humala tuvo una conversación muy dura con César San Martín sobre este caso. A su vez, San Martín se comunicó con el CNM para tratar de hacerles entender el pésimo timing de la evaluación y, de paso, comunicarles el malestar del presidente.
Pero no había nada que hacer. La convocatoria había sido publicada. Rojjasi tendría que pasar por el proceso. Y todo indicaba que no iba a terminar bien.

SIN JOYAS
Para la evaluación los jueces deben presentar algunos de los casos que han resuelto.
Se espera que traigan sus "joyas" dice un magistrado vinculado al CNM. Pero ella fue descuidada.
En la resolución 599 del CNM, de setiembre de 2012, que resuelve no ratificarla como vocal superior, se explica que se evaluaron doce de sus resoluciones. Sólo la mitad obtuvo calificaciones aprobatorias. Se considera que el resto no estuvo lo suficientemente justificadas.
En la audiencia realizada en junio de 2012, una semana después de ahora célebre almuerzo, Rojjasi había explicado sus calificaciones.
Estuve mucho tiempo en la parte administrativa [se refiere a su paso por la OCMA]. Uno pierde la brújula en cuanto a lo jurisdiccional dijo. Me considero capaz como para seguir y emitir resoluciones cada vez con mayor fundamento.
Cuando le preguntaron por qué no había solicitado una reconsideración de esos puntajes, Rojjasi respondió:
Yo soy criada a la antigua, no soy de cuestionar demasiado las decisiones de mis superiores.
Hasta allí el panorma no era muy favorable a Rojjasi. Pero lo que resultó decisivo fue un cuestionamiento surgido en el rubro "participación ciudadana": el del narco israelí.
Reprogramación de la entrevista de la jueza Rojjasi ante el Consejo Nacional de la Magistratura, el 7 de junio de 2012, una semana después del almuerzo con San Martín, Cateriano y Jiménez.

POLVOS BLANCOS Y MAGIA NEGRA
¡Me has jodido la carrera! gritó Rojjasi en plena celebración de cumpleaños. Todo por tu culpa, mira lo que has hecho.
Es el año 2006. Rojjasi era la presidenta de la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel. La cumpleañera, e increpada por Rojjasi, era la jueza Ana Luzmila Espinoza. La sala estaba en la mira de todos. Acababan de sentenciar al confeso narcotraficante israelí Zeev Chen, capo de la organización "La Estrella de Israel". Pero había ocurrido algo delirante, incluso para los estándares del Poder Judicial: la sentencia que se leyó no era la sentencia que estaba escrita.
En una, la reparación civil era de 500 mil soles. En la otra, 50 mil. En la lectura, Zeev Chen aceptó su condena. Sin embargo, de la nada, había aparecido un recurso de nulidad. Además, se le sentenció como si fuera un simple "burrier", aplicando el artículo 296 del Código Penal. Pero al capo le correspondía y sobre esa base había sido procesado el artículo 297, correspondiente a cabecillas de organizaciones.
La procuradora antidrogas Sonia Medina descubrió el caso. Se presentó en el juzgado para buscar la sentencia impresa, no se la quisieron dar, reclamó, aparecieron unos papeles sueltos, la jueza Espinoza llamó un policía para detener a Medina… El escándalo adquirió proporciones inauditas.
Así las cosas, los dos jóvenes secretarios del juzgado, apellidados Salas, en un hecho insólito, denunciaron a sus jefes y lo contaron todo. La jueza Espinoza, directora de debates y encargada de la lectura de la sentencia, le había dicho a uno de ellos que hiciera que la rebaja de 500 mil a 50 mil "parezca un error tipográfico".
Cuando el secretario se lo contó a Rojjasi, ella estalló. Había firmado la sentencia sin terminar de leerla. Después de todo, el ponente en este caso Espinoza es el que hace los planteamientos y coloca los datos. Es muy difícli que los otros magistrados corroboren todos lo datos de los expedientes, que en algunos casos tienen miles de páginas.
El caso terminó en la OCMA. Espinoza fue destituida. Rojjasi y el otro juez fueron disciplinados pero conservaron sus puestos.
Como si no fuera suficiente escándalo para Rojjasi, el episodio resurgió hace poco, de la mano de uno de los casos más mediáticos de los últimos años: el asesinato de Myriam Fefer. En una mesita al lado de la escena del crimen, repleta de imágenes de santería y magia negra, aparecieron las fotografías de la procuradora Sonia Medina y de los dos secretarios del juzgado apellidados Salas. Empleados de Fefer recuardan que la ex jueza Espinoza y la empresaria asesinada eran muy amigas y acostumbraban realizar "trabajos de hechicería".
En pocas palabras, se trataba de un acontecimiento que todos en el Poder Judicial tienen muy presente. Rojjasi tenía razón: le iba a costar la carrera.

EL FACTOR HUAMÁN AZCURRA
En teoría, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia durante el proceso de evaluación de magistrados. A eso se llama "participación ciudadana".
A través de este mecanismo, la Asociación Juez Justo presentó caso de Zeev Chen al CNM, en abril. Era un golpe mortal. Rojjasi, que era la primera magistrada en pasar por el proceso de entrevistas, fue notificada esa misma mañana. La audiencia se postergó para junio.
Para la segunda entrevista, Rojjasi fue preparada. Admitió que debió tener mayor cuidado en el caso de Zeev Chen.
Lo cual no significa que uno actúe dolosamente, señores, ni que esté involucrada en casos de corrupción.
Pero también arremetió contra Juez Justo. Lo cierto es que esta organización, liderada por el abogado Rodolfo Orellana y el ex policía Benedicto Jiménez, ha sido involucrada en una retahíla de denuncias periodísticas: desde tráfico de activos hasta la interceptación telefónica a Lourdes Flores.
De la información que aparece en Google, sin ánimo de imputar o atribuir situaciones o conductas a tales o cuales personas dijo Rojjasi en su audiencia, aparece que estas personas [Orellana y Jiménez] tienen relación con Roberto Huamán Azcurra.
Huamán era uno de los cuatro acusados en el caso Chavín de Huántar . De hecho, es el único que se encuentra libre, desde el 2011, apenas iniciado el gobierno de Ollanta Humala. Montesinos y Hermoza purgan sus otras condenas. El coronel Zamudio, el cuarto acusado, está prófugo.
Roberto Huamán actualmente está proceso por el caso Chavín de Huántar, cuyo colectivo yo presido le recordó Rojjasi a sus evaluadores. Como se dice comúnmente, nadie es pepita de oro para gustarle a todo el mundo.
Dentro del Consejo Nacional de la Magistratura están convencidos de que Rojjasi sabía que no iba a pasar la evaluación. El audio de la conversación que tuvo solo una semana antes de su entrevista sería su salvoconducto. Después de todo, el gobierno le había hecho llegar el mensaje de que no tendría que preocuparse por su evaluación.
Sin embargo, tres días antes de la lectura de la sentencia de Chavín de Huántar le notificaron lo que esperaba: que había sido destituida.
Rojjasi presentó una reconsideración. El resultado fue publicado el 4 de julio de este año, hace poco más de un mes. El resultado: se ratificaba su destitución. El 1 de agosto, lo que ahora se conoce como el "chavinaudio" apareció en YouTube.

MAÑANA. ¿Quién grabó el audio? Sus implicancias legales. Además: el borrador de la sentencia.
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Los videos de las dos audiencias de la jueza Rojjasi son inéditos (alguna exclusiva tenía que tener este post). El artículo de Uceda que apareció al día siguiente es, por demás, revelador, y les recomiendo que lo lean con detenimiento. Aclara varias cosas sobre el audio (parte del cual ahora está desaparecido) y sobre la sentencia misma de Rojjasi.
Todavía no hemos terminado de ver todas las aristas y consecuencias posibles de este caso. Pero, por el momento, eso es lo que hay. Ya saben: esclavos de nuestra palabra y dueños de nuestros silencios. Como siempre hemos dicho en este blog: ustedes lean, nomás.
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Noticia, El abogado de Comunicore - 31/05/2011 15:32:56

"El escándalo del caso Comunicore ocupó las portadas de los diarios por varios meses y tuvo repercusiones políticas que, en parte, le costaron la postulación presidencial al ex alcalde Luis Castañeda Lossio. Otros personajes poco conocidos en el mundo de la política fueron involucrados, pero el nombre de un prestigioso abogado que, además, fue procurador anticorrupción, permaneció escondido por meses.
Unidad de investigación
La historia del escándalo Comunicore es ampliamente conocida por el despliegue mediático. Desde 1998, la Municipalidad Metropolitana de Lima mantenía una deuda de 36.9 millones de soles con la empresa Relima, encargada de los servicios de limpieza en la ciudad capital. Con los intereses respectivos, la deuda acumulada hasta el 2007 ascendía a 42 millones de soles.
La empresa de limpieza negoció durante varios años con el municipio limeño. El proceso no fue fácil. Finalmente, luego de muchas conversaciones e, incluso, de un arbitraje interpuesto y ganado por Relima, la comuna capitalina acordó cancelar la deuda en diez años.
Extrañamente, Relima aceptó ese plazo tan largo, pero lo que resultó más curioso es que, a los cinco días de este acuerdo, vendió la deuda a una empresa desconocida llamada Comunicore que apareció como por arte de magia.
La deuda fue transferida el 20 de diciembre de 2005 a una cantidad que resultó menos de la mitad del monto inicial: 14 millones y seiscientos mil soles. Hasta ahora nadie ha respondido la pregunta que surge de esta transacción absolutamente rara. ¿Por qué Relima vendería una deuda de 36 millones de soles a una empresa desconocida y encima a 21 millones de soles menos?
Lamentablemente, aquí no terminó este caso. Pocos días después, Comunicore comenzó a negociar con la municipalidad el pago de la deuda. Cualquiera podría pensar que este proceso habría de ser tan largo como el que llevó a cabo Relima, pero se equivocó.
Comunicore no llegó a esforzarse mucho con los funcionarios municipales que, en esta ocasión, se portaron como mantequilla. En solo pocos días, hubo un acuerdo sospechoso. La Municipalidad de Lima aceptó pagar el íntegro de la deuda. Se olvidó del plazo de diez años y canceló de una sola armada en la primera semana de enero de 2006.
Sorprendentemente, esta empresa desconocida logró en dos semanas lo que Relima no había logrado en 7 años y, por si fuera poco, ganó con facilidad 21 millones de soles.
El caso fue investigado por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público y, finalmente, denunciado ante el Poder Judicial. En enero último, la jueza penal de Lima, Nelly Aranda Cañote, abrió proceso penal con mandato de comparecencia restringida a 15 personas, entre ellos a varios ex funcionarios municipales, aunque el ex alcalde Castañeda solo fue incluido como testigo. No quedó duda alguna que habían claros indicios de grave corrupción.
Más sospechoso
El asunto no quedó allí. El diario Perú.21, en su edición del 13 de julio del año pasado, descubrió otros hechos absolutamente escandaloso que descubre que quienes estuvieron detrás de toda esta maniobra eran personas con mucha maña y artimaña.
Los operadores de la empresa Comunicore utilizaron a tres personas de barrios pobres para colocarlas en el directorio de esa compañía, le cambiaron de nombre en una notaría de La Oroya y, después, la hicieron desaparecer poco después de hacer efectivos el cobro.
Por si eso fuera poco, ni bien Comunicore tuvo en sus cuentas el dinero pagado por el municipio, reclutó a otras personas de humilde condición económica en un asentamiento humano de Comas para que retiren de dos bancos más de 16 millones de soles en efectivo. Con esa jugada, parte del dinero salió del circuito financiero y fue llevado con destino desconocido.
Se sabe que unas 30 personas intervinieron en el retiro a cambio de una pequeñísima cantidad de dinero. Todos ellos sacaron los millones con cheques a su nombre y se los entregaron a un sujeto identificado como Joule Vila Vila.
El procedimiento fue el siguiente: cuando el municipio ya le había empezado a pagar a Comunicore en enero de 2006, Vila fue llamando a cada persona contactada para llevarlos a las sedes del Crédito y del Continental, en San Isidro.
En ese lugar, otro tipo aún no identificado, los esperaba diligentemente con sus tickets de atención, les daba el cheque para que lo endosaran e iban a la ventanilla. Cuando el cobro estaba hecho, Vila y el otro individuo tomaban el dinero, salían del banco y lo escondían en bolsas de plástico.
El pago a estas humildes personas fue de tan solo cien soles además de la movilidad de retorno a sus casas. Este grupo, al que se le había engañado con el cuento de un trabajo, nunca vio sus facturas ni supieron si esos documentos fueron usados para justificar algún gasto.
Varias preguntas se caen de maduras: si toda la operación fue regular ¿por qué se utilizó este sospechoso procedimiento para realizar los cobros? ¿Por qué se sacó ese monto de los bancos para manejarlo en efectivo sabiendo que es bastante riesgoso? ¿Quién fue la materia gris de toda esta bien urdida maniobra? ¿A la cuenta de quién fue a parar el dinero?
El abogado prestigioso
Durante todo el proceso de investigación y la consecuente judicialización del caso Comunicore, nunca se mencionó el nombre de José Ugaz Sánchez Moreno, un abogado que, incluso, llegó a ser Procurador Anticorrupción del Estado peruano, fue promotor de la ONG Proética y, según muchos, es un referente en la lucha anticorrupción en el Perú.
Sin embargo, aquí viene la sorpresa. La revista JUEZ JUSTO ha logrado descubrir documentos, hasta ahora desconocidos, que comprometen a Ugaz. Esos escritos revelan un sospechoso vínculo con esta empresa, cuyos principales funcionarios están procesados por corrupción.
Lo cierto es que hay papeles que prueban que el estudio jurídico del que es socio, tuvo mucho que ver con la empresa Comunicore a la que brindó una extraña asesoría jurídica, precisamente, en los meses en que negociaba el pago de la deuda con la Municipalidad de Lima.
Resulta imposible creer que Ugaz no conocía lo que hacían los abogados de su estudio y que no estaba al tanto de las movidas para cobrar la deuda al Municipio de Lima, sobre todo, si se toma en cuenta que es unos de los socios principales.
Pruebas al canto. Existe la factura 005-001018, del estudio Benites, De las Casas, Forno & Ugaz Abogados, emitida el 10 de enero de 2006 por los servicios de asesoría jurídica a Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A. (Comunicore) y que asciende a ocho mil dólares americanos.
La factura se canceló con un cheque del Banco de Crédito del Perú el mismo día en el que fue emitida, es decir, el 10 de enero (ver facsímil). Sorprendente velocidad resulta sospechosa. Ese cheque estuvo firmado por Rafael Ruiz Contreras, presidente de directorio de Comunicore, y Henry Brachowicz Vela, gerente general, quienes precisamente están procesados por el escandaloso cobro al municipio limeño.
De acuerdo con una relación de pagos que está en manos de las autoridades judiciales, el estudio de Ugaz comenzó a cobrar a Comunicore 11 mil 820 soles mensuales desde agosto de 2005. Los pagos se sucedieron cada mes por ese mismo monto, lo cual hace un total de 70 mil 920 hasta enero de 2006.
Ugaz es un abogado que en varias oportunidades ha sido Procurador del Estado y ha tenido protagonismo en muchos sonados casos como el de CLAE en la década del 90. Jugó un rol importante en el largo proceso de investigación contra Vladimiro Montesinos y la mafia que actuó durante el régimen de Alberto Fujimori.
El descubrimiento de sus vínculos con Comunicore deja al descubierto un hecho escandaloso que deja muy mal parado a Ugaz y parecen confirmar ciertos rumores que circulan en los corrillos judiciales sobre una conducta profesional nada santa. ¿Habrá más sorpresas sobre este abogado? Tal vez sí.
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