Noticia, FIDH denuncia una tentativa ilegal y sin fundamento de revocar la sentencia de Fujimori - 20/02/2014 12:22:50
" FIDH denuncia una tentativa ilegal y sin fundamento de revocar la sentencia de FujimoriLa defensa del Ex-Presidente Peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel entre otros por delitos de lesa humanidad cometidos en Barrios Altos y la Cantuta, está considerando solicitar que se revise la sentencia condenatoria por no estar contenidos los delitos de lesa humanidad en los delitos por los que fue extraditado.
Karim Lahidji, Presidente de la FIDH comentó, en referencia a la posibilidad de que la sentencia sea revisada: "Resultaría sorprendente que se plantee 4 años después de la condena de Fujimori, sin ningún nuevo elemento, la revisión de la Sentencia por no contenerse entre los delitos por los que fue extraditado los crímenes de lesa humanidad".
La FIDH recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta calificándolos de lesa humanidad; esa misma calificación fue utilizada por el Tribunal Constitucional de Perú y es conforme con las obligaciones internacionales de Perú.
Pese a que en un proceso de extradición solo el Estado requerido, es decir Chile, hubiese estado en condiciones de cuestionar alguna incongruencia en la sentencia, entre los delitos por los que Fujimori fue extraditado y por los que recibió condena, Chile perdió dicha potestad el 30 de diciembre del 2009 cuando la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificó la condena a Fujimori, adquiriendo desde ese momento autoridad de cosa juzgada.
La FIDH hace un llamado tanto al poder ejecutivo y a la justicia a ser consecuentes. El poder ejecutivo debe respetar la decisión judicial emitida en 2009 de condena a Fujimori como cosa juzgada. En lo que respecta al poder judicial, acceder a las solicitudes extemporáneas de la defensa de Fujimori sería aplicar un doble estándar de justicia.
FIDH
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Que opina usted? Informe Mundial 2014 de Human Rights Watch sobre Perú - 21/01/2014 12:26:13
"Human Rights Watch (HRW) presentó hoy en Berlín su Informe Mundial sobre Derechos Humanos y en la presentación de Sao Paulo hizo hincapié sobre los problemas que afrontan los países de América Latina y sus desafíos para 2014.La edición latinoamericana analiza los países de la región, entre los que figura nuestro país. A continuación el capítulo referente a Perú.
Human Rights Watch
Informe Mundial 2014: Perú
En los últimos años, las manifestaciones públicas contra proyectos de minería a gran escala y otras políticas gubernamentales e iniciativas del sector privado han sido escenario de numerosos enfrentamientos entre policías y manifestantes, en los cuales murieron civiles abatidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Si bien la cantidad de muertes se redujo considerablemente durante los primeros nueve meses de 2013, hubo escasos avances en la investigación de estos casos o en las medidas para asegurar que la policía cumpla con las normas internacionales sobre uso de la fuerza letal.
A pesar de las emblemáticas condenas dictadas contra el ex presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos, varios generales del Ejército y miembros de un escuadrón de la muerte del gobierno en 2009 y 2010, los adelantos en las causas sobre abusos perpetrados durante gobiernos anteriores han sido realmente limitados.
Muertes durante protestas
Según datos obtenidos hasta septiembre de 2013, un total de 27 civiles habían muerto durante protestas desde que Ollanta Humala asumió la presidencia en julio de 2011. La cantidad de muertos por armas de fuego en estos sucesos se redujo de 18 en los primeros ocho meses de 2012 a tres en el mismo período de 2013. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, un organismo gubernamental creado en agosto de 2012, ha impulsado iniciativas de diálogo para fomentar la resolución pacífica de conflictos sociales que provocan protestas. No obstante, sólo se ha avanzado moderadamente en la determinación de las circunstancias en las cuales se produjeron las muertes y el juzgamiento de policías o militares que aplicaron la fuerza en forma ilegítima.
Juicios por abusos del pasado
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú estimó que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado que asoló al país entre 1980 y 2000. Muchas sufrieron atrocidades a manos de Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes, mientras que otras fueron víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
En 2009, el ex Presidente Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por desapariciones y asesinatos ocurridos en 1991 y 1992. Su asesor en inteligencia Vladimiro Montesinos, tres ex generales del Ejército y varios miembros del grupo Colina, un escuadrón de la muerte creado por el gobierno, también cumplen actualmente penas de entre 15 y 25 años de prisión por el asesinato en 1991 de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, en Lima, y por 6 desapariciones forzadas. En junio de 2013, el Presidente Humala rechazó un pedido presentado por familiares de Fujimori para que se le conceda el indulto presidencial por motivos de salud. Según trascendió en los medios, una Comisión de Gracias Presidenciales había determinado que Fujimori no sufría una enfermedad terminal o degenerativa ni trastornos psicológicos graves.
La investigación judicial en otras causas ha sufrido extensas demoras y permitido tan sólo unas pocas condenas. En un informe emitido en agosto de 2013 en ocasión del décimo aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo determinó que, pese a los esfuerzos iniciales, Perú no había implementado un sistema judicial especializado con suficiente personal y recursos para juzgar la mayoría de los casos. Según la Defensoría del Pueblo, hasta abril de 2013, de los 194 casos que supervisaba, 113 habían sido cerrados o se encontraban en las primeras etapas de investigación, y solamente en 32 se había dictado sentencia.
En junio de 2013, el Tribunal Constitucional determinó que una masacre ocurrida en 1986 en la cárcel El Frontón durante el primer gobierno del ex Presidente Alan García, y en la cual perdieron la vida al menos 130 internos, estaba sujeta a prescripción debido a que no constituía un delito de lesa humanidad. La opinión del tribunal desconoció una sentencia dictada en 2000 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durand y Ugarte, en la cual se ordenó que Perú investigara estos sucesos y juzgara a los responsables. En septiembre, el Ministerio de Justicia pidió al Tribunal Constitucional que modificara la sentencia en razón de que la mayoría de los jueces había desestimado el argumento de los reclamantes sobre inconstitucionalidad del proceso en el caso El Frontón, y no se había solicitado al tribunal que estableciera si los delitos constituían crímenes de lesa humanidad. Hasta octubre de 2013, el tribunal no se había pronunciado.
Jurisdicción militar
Continúa siendo preocupante que los casos de derechos humanos en los cuales están involucrados militares sigan siendo resueltos por tribunales militares. El Decreto Legislativo N.° 1095, adoptado en 2010 por el gobierno del Presidente García, permite que los tribunales militares juzguen casos en que se acuse de abusos contra civiles a miembros de esta fuerza que intervinieron en operativos de seguridad pública. Diversos órganos internacionales de derechos humanos han rechazado insistentemente la intervención de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos en la región. En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional aún no se había pronunciado sobre la constitucionalidad del decreto, que ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos de Perú.
Tortura
La tortura representa un problema crónico. Un tercio de las 144 víctimas cuyos casos han sido monitoreados en la última década por la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) murieron o sufrieron incapacidad física permanente debido a torturas, en su mayoría cometidas presuntamente por policías.
Libertad de expresión
En agosto de 2012, en respuesta a la progresiva presencia pública de un grupo reducido que exige la amnistía de presos de Sendero Luminoso, el Presidente Humala presentó un proyecto legislativo que arremete contra la libertad de expresión al tipificar el "negacionismo" de delitos cometidos por organizaciones terroristas. El proyecto, tras las modificaciones en el Congreso, establecería penas de prisión de entre 6 y 12 años a quienes "nieguen" tales delitos o la participación de personas en ellos, cuando exista una sentencia definitiva que establezca tal participación. Establece como condición que la expresión tenga la "finalidad de promover la comisión de los delitos de terrorismo o apología del terrorismo o sirva como medio para adoctrinar para fines terroristas". Cuando la negación se realice a través de medios sociales o tecnologías de la información, la pena se incrementaría hasta 15 años. Hasta octubre de 2013, el proyecto aún no había recibido aprobación definitiva en el Congreso.
Los periodistas siguen estando expuestos a la imposición de penas de prisión en suspenso y multas por difamación. Por ejemplo, en mayo de 2013, un juez en Huaraz, Ancash, aplicó una pena de dos años de prisión en suspenso al periodista Alcides Peñaranda, director de la revista Integración, por haber difamado al presidente regional de Ancash, César Álvarez, y dispuso que debía pagar una indemnización. Esta acusación estuvo vinculada con un artículo de Integración en el cual se indicaba que existía corrupción en el gobierno regional y se hacía referencia a un artículo publicado en una revista de Lima por César Hildebrandt, un renombrado periodista de investigación. Álvarez demandó por separado a Hildebrandt y a su colega Melissa Pérez. Un tribunal de Lima los absolvió, invocando una sentencia de la Corte Suprema que asignaba a las personalidades públicas una mayor carga de la prueba en casos de difamación en los cuales estuviera afectado un interés público.
Aún está siendo analizado en el Congreso un proyecto que reemplazaría las penas de prisión para el delito de difamación por multas y tareas comunitarias. Si bien el Congreso aprobó el proyecto en julio de 2011, el Presidente García objetó algunas disposiciones y la versión reformada nunca se aprobó.
Derechos reproductivos
Las mujeres y jóvenes de Perú solamente pueden solicitar abortos en casos de riesgo para la salud o la vida de la madre. No obstante, el país carece de protocolos claros que permitan a proveedores de salud determinar en qué circunstancias concretas resultaría lícito el aborto. Numerosos organismos de supervisión de derechos humanos de las Naciones Unidas han instado a Perú a adoptar estos protocolos y a legalizar el aborto en casos en que el embarazo sea resultado de una violación. Al momento de elaboración de este informe, el gobierno no había cumplido las recomendaciones.
Derechos de discapacidad
El sistema de interdicción judicial de Perú habilita a los jueces a determinar que personas con cierta discapacidad intelectual o psíquica son jurídicamente "incapaces" y a asignarles tutores legales, lo cual supone en la práctica la suspensión de sus derechos civiles básicos, incluido el derecho a votar. Diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos han instado a Perú a abolir la interdicción o tutela judicial, dado que es incompatible con las obligaciones asumidas por el país conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
En diciembre de 2012 entró en vigor la Ley General de la Persona con Discapacidad, pero hasta octubre de 2013 el poder ejecutivo aún no había reglamentado la norma. La ley contribuiría a adecuar la legislación nacional vigente a la Convención, al garantizar el derecho de las personas con discapacidad a actuar en interés propio y con apoyo adecuado cuando sea necesario. Sin embargo, hasta octubre de 2013 no se había creado una comisión de revisión del Código Civil prevista en la Ley General de la Persona con Discapacidad. El derecho peruano permite el internamiento involuntario para el tratamiento de personas con incapacidad que estén en régimen de tutela.
Actores internacionales clave
En marzo de 2013, en sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Perú, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al país "eliminar efectivamente el uso excesivo de la fuerza por los miembros de las fuerzas del orden y de seguridad" y "redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura". También instó a Perú a adoptar legislación que prohíba la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, a permitir el aborto en casos de violación sexual y a adoptar "rápidamente un protocolo nacional que regule la práctica del aborto terapéutico".
En septiembre de 2013, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes visitó 26 cárceles y dependencias policiales en distintas regiones de Perú. Perú ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en 2006. El vicepresidente del subcomité expresó su expectativa de que a fines de 2013 Perú hubiera establecido un mecanismo nacional de prevención de la tortura y el maltrato con fondos suficientes para que funcionara adecuadamente.
En tanto miembro relativamente reciente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Perú ha tenido un rol positivo en la votación de diversas resoluciones destinadas a abordar violaciones de derechos humanos en países como Sri Lanka, Bielorrusia e Irán. No obstante, Perú adoptó una medida regresiva al determinar que ya no patrocinará resoluciones sobre países individuales en la ONU.
Ver:
Informe Mundial 2014 , versión completa
Capítulo Perú
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Noticia, El recursero - 21/01/2014 9:25:06
"El caso Novotec, célebre affaire de los años ochenta, tiene su origen cuando dicha empresa de propiedad de Alfredo Novoa Peña obtiene dólares MUC para exportar computadoras a Alemania Oriental y a la ex Checoslovaquia.El dólar MUC fue una creación del primer gobierno de Alan García que originó uno de los casos de mayor corrupción que se recuerde en la historia de nuestra patria, lo que permitió el enriquecimiento de muchos a costa del Estado.
En 1998, abrumados por el cúmulo de denuncias por el mal uso del dólar MUC que consistía en un dólar que se entregaba a quienes exportaban a un precio mucho menor que el precio del dólar oficial, los apristas deciden dar por terminado ese régimen.
Alfredo Novoa, alegando que había exportado muchas computadoras fabricadas con componentes peruanos, le pidió al Banco Central de Reserva (BCR) que le reintegre 60 millones de dólares.
Alertado por Alberto Seminario, quien había sido socio de Novoa, el BCR se niega a pagarle al comprobar que no era cierta dicha exportación. Habían descubierto que las computadoras que Novotec fabricaba en el Perú eran en realidad ensambladas con componentes chinos.
Además, las trataba de vender tres veces más de lo que costaba una computadora bien hecha y de marca conocida.
Descubierto el engaño, Novoa recurrió al Poder Judicial e inició en enero de 1991 un proceso para el cobro, el mismo que resultó más escandaloso que el cobro ilegal que pretendía hacer por computadoras marca "chancho".
Un vocal supremo, César Tineo Cabrera, cambia la sentencia que había sido desfavorable para Novoa y sorprende a los otros cuatro vocales de su sala de la Corte Suprema, que la firman.
Tineo durante el gobierno de Toledo es encontrado culpable y condenado a prisión. Tiempo después recobra su libertad gracias a que el Tribunal Constitucional, institución dócil al gobierno de entonces, anuló su sentencia y ordenó un nuevo juicio que, por lo que sabemos, nunca se realizó.
Novoa luego "vende" su acreencia por seis millones de dólares a un supuesto inversionista norteamericano llamado Renato Corzo de la Fuente.
Según Alberto Seminario, este sería un testaferro de Novoa, logrando así congelar las cuentas de Vladimiro Montesinos en los EE.UU. hasta por 65 millones de dólares.
A través de una demanda que interpuso en la corte de Florida, acusándolo de haber manipulado a la Corte Suprema para que lo perjudique en el juicio contra el BCR.
La demanda no es contestada por el gobierno peruano, lo que muchos consideran un acto intencional para beneficiar al amigo del entonces presidente y del que el ex procurador Arbizu no dijo nada.
Foto: Difusión.
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Que opina? Delgado: Antauro ha sido una piedra en el zapato para Ollanta y no se busca liberarlo - 26/06/2013 15:25:30
"Ideeleradio.- Es un contrasentido decir que el Gobierno está intentando hacer una gestión ante el Tribunal Constitucional (TC) para lograr la liberación de Antauro Humala, cuando él ha sido una piedra en el zapato para el presidente de la República, Ollanta Humala, sostuvo el vocero de la bancada de Gana Perú, Jaime Delgado.Fue al referirse a una supuesta intervención del jefe de Estado ante el TC ,supuestamente a través de Eduardo Roy Gates y Alberto Otárola, exministro de Defensa, con el propósito de conseguir un fallo favorable para su hermano, condenado a 19 años por el caso "Andahuaylazo".
"Estas son especulaciones. Además, yo le encuentro un contrasentido, porque el hermano del presidente Ollanta Humala ha sido una piedra en el zapato para él y hemos sido testigos todos de esto. Entonces, yo no encuentro la razón por la cual el Gobierno estaría interesado en hacer una gestión ante el Tribunal Constitucional para la liberación de Antauro Humala", declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"El señor Antauro Humala tiene sus abogados, sus propios mecanismos de defensa y eso es absolutamente independiente. El Gobierno no tiene por qué estar interviniendo en nada de esto y esto ha sido desmentido incluso por el propio presidente del Tribunal Constitucional [Oscar Urviola]. El TC tiene que actuar de acuerdo a ley y lo que corresponde es respetar lo que el tribunal diga, sin injerencia de ningún tipo", subrayó.
Respalda a congresistas Rivas, Coari y Zamudio
En otro momento, señaló que los congresistas de su bancada Claudia Coari Mamani, Martín Rivas Teixeira y Tomás Zamudio han explicado cuál fue el contexto en el que participaron en la entrega de donaciones. Calificó como exagerado y desproporcionado que se acuse a sus colegas de proselitismo con la entrega de regalos que destinó el Ministerio de la Mujer.
"Nosotros hemos discutido con los congresistas Claudia Coari Mamani, Martín Rivas Teixeira y Tomás Zamudio, ellos nos han explicado las circunstancias en las cuales esto se ha discutido, son los alcaldes de sus respectivas regiones que solicitan al Ministerio de la Mujer apoyo para la Navidad de estos niños pobres y que se canalice con donación de regalos, el Ministerio de la Mujer lo ha hecho con diversas solicitudes a lo largo y ancho del país", expresó.
"Los congresistas que participaron fueron para facilitar esta donación, incluso ellos han viajado con su propio peculio el envío de estas mercancías, entonces, pretender decir de ahí que los congresistas se han beneficiado es una cosa exagerada y desproporcionada […] Los congresistas han actuado de buena fe, no hay aprovechamiento de ningún tipo", opinó.
No pusimos en agenda elección de Nadine
Finalmente, subrayó que fue la oposición y no la bancada de Gana Perú ni el Poder Ejecutivo los que pusieron en agenda la supuesta postulación de Nadine Heredia a la Presidencia el 2016.
"Este es un tema que el propio Gobierno y el presidente se ha manifestado, entonces seguimos especulando con el tema de la candidatura como un argumento para seguir golpeando al Gobierno. Quien puso la candidatura de Nadine Heredia fue la oposición, entonces, ¿ya cuándo vamos a terminar con esto?", concluyó.
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Que opina? GUATEMALA: CRIMINAL SUELTO - 27/05/2013 12:59:33
"OTRA VEZ GANA LA IMPUNIDAD. Corte Constitucional anula sentencia de 80 años de cárcel contra Ríos Montt. LA RISA DEL MONSTRUO FRENTE A ESTA NUEVA Y BOCHORNOSA INVOLUCIÓNLa Corte de Constitucionalidad guatemalteca anuló la sentencia de 80 años de cárcel al ex dictador Efraín Ríos Montt impuesta hace nueve días por genocidio y delitos de lesa humanidad, y ordenó un nuevo juicio.
Tras cumplir este lunes el último día de análisis de las acciones legales interpuestas por la defensa, los cinco magistrados que integran el órgano constitucional concluyeron que durante el debate, que se inició el 19 de marzo, no se cumplió el debido proceso, por lo que decidieron la anulación.
Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión el 10 de mayo por el tribunal A de mayor riesgo.
Otro militar acusado, José Mauricio Rodríguez, jefe de los servicios de inteligencia durante el mandato de facto de Ríos Montt (1982-1983) fue absuelto, pero también se anuló ese fallo.
Ambos militares fueron juzgados por la matanza de al menos mil 770 indígenas ixiles en el departamento de Quiché (norte de Guatemala).
La justicia duró poco en Guatemala
La Corte de Constitucionalidad guatemalteca consideró que no se siguió el debido proceso en el juicio que terminó con la condena a 80 años de cárcel a Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos de deberes a la humanidad. En una decisión de tres votos contra dos, ordenaron la celebración de un nuevo proceso porque el tribunal no resolvió una recusación de la defensa luego de la expulsión del juicio de uno de los abogados del dictador.
El fallo de la CC fue dado a conocer anoche a última hora por el secretario del órgano colegiado, Martín Guzmán, quien se limitó a dar lectura a lo resuelto después de unas 10 horas de debate de los cinco magistrados.
Tan solo 11 días después de que un tribunal impusiera la primera condena a un dictador en Centroamérica, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala resolvió anular el juicio. Los cinco magistrados de la CC terminaron ayer de analizar las acciones legales interpuestas por la defensa y concluyeron, en una decisión dividida, que durante las audiencias no se siguió el debido proceso.
Ríos Montt había sido condenado a 80 años de prisión por el Tribunal A de Mayor Riesgo, que lo halló culpable de genocidio y delitos de deberes a la humanidad. Otro militar acusado, José Mauricio Rodríguez, exjefe de los servicios de inteligencia durante la dictadura, fue absuelto, pero la CC también anuló ese fallo. Ambos militares fueron juzgados por la matanza de al menos 1770 indígenas ixiles en el departamento de Quiché (norte de Guatemala).
Puntualmente los magistrados anularon lo actuado desde el 19 de abril, cuando las partes procesales fueron notificadas de una resolución de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal que ordenó suspender de forma provisional el juicio. Esa resolución correspondió a un amparo planteado por la defensa de Ríos Montt después de que el 19 de marzo el abogado a cargo de su defensa, Francis García Gudiel, fuera expulsado por el tribunal, con lo que el dictador quedó en indefensión.
Entre los alegatos que los representantes de Ríos Montt plantearon ante la CC se incluía una queja por la decisión del tribunal de continuar con el juicio pese al amparo provisional dictado por la Sala. El tribunal continuó adelante sobre la base de una resolución de la propia Corte, que ordenó la reinstalación de García Gudiel como abogado de Ríos Montt -hecho que se concretó-, pero sin pronunciarse sobre la suspensión del juicio. Ahora el Máximo Tribunal Constitucional falló a favor de anular lo actuado porque el Tribunal A de Mayor Riesgo no resolvió una recusación planteada en contra de dos de sus miembros por García Gudiel.
El fallo de la CC fue dado a conocer anoche a última hora por el secretario del órgano colegiado, Martín Guzmán, quien se limitó a dar lectura a lo resuelto después de unas 10 horas de debate de los cinco magistrados que la integran. La decisión estuvo dividida, con tres votos contra dos. Estos últimos correspondieron a los magistrados Mauro Rodrigo Chacón que representa a la Universidad de San Carlos, y a Gloria Porras, que actúa en nombre del Ejecutivo, aunque fue nombrada durante el anterior gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012).
Tras anunciarse por la radio el fallo de la Corte, frente a la sede del organismo se hicieron estallar petardos en señal de alegría por parte de simpatizantes de la causa del dictador.
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Que opina? Policial: "Gringasho" busca salir libre - 08/02/2013 21:21:00
" Abogado trata de anular sentencia de 6 años por crímenesUn as bajo la manga tiene el peligroso sicario juvenil A.M.P.G. (17), ""Gringasho"", para salir en libertad, luego de que el Poder Judicial anulara una de las condenas en su contra. Su abogado Henry Cisneros afirmó ayer que interpondrá un recurso de hábeas corpus para anular la sentencia de seis años de prisión por presuntamente haber participado en el crimen de dos personas en Trujillo.
El letrado explicó a OJO que dicha condena es totalmente ""arbitraria y abusiva"", pues se le sentenció sin ninguna prueba objetiva.
En ese sentido, aseveró que será el Tribunal Constitucional el que revise su caso, y dio por sentado de que anulará dicha sentencia.
Luego, en relación al nuevo juicio que debe afrontar su patricinado por fugarse del centro juvenil de Trujillo, en 2012, dijo que a lo sumo debe ser condenado a un año de internamiento. ""En los videos no se le ve disparando o que se haya disfrazado de policía para escapar"", expresó.
Añadió que ""Gringasho"" está aislado en la Sala Penal Nacional, en Lima, tras ser recapturado después de fugarse de Maranguita.
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