Noticia, Guatemala: la "paz" no ha servido de nada. Siguen los linchamientos - 25/03/2014 7:26:48
"En Guatemala hace ya años que se firmó la paz entre Gobierno y movimiento guerrillero. Pero lejos está todavía de poder decirse que el proceso iniciado en ese entonces haya dado los frutos que se esperaba. Más aún: la situación actual nos confronta con un empeoramiento, un retroceso en las causas estructurales que dieron lugar a la guerra civil en la década del 60 del pasado siglo. La guerra hoy día formalmente terminó, pero la violencia sigue presente y se evidencia de otras maneras, tan o más crueles que en los peores años del enfrentamiento armado.La post guerra que vivimos actualmente está marcada por una suma compleja de problemas, donde la violación a los derechos humanos sigue siendo una constante, si bien no con la intensidad de años atrás, pero con efectos sociales igualmente dañinos. Una herencia trágica -entre otras- de 36 años de conflicto armado está dada por la recurrencia de linchamientos.
Este fenómeno debe abordarse desde una perspectiva multicausal. Participan en él aspectos de diversas naturalezas: sociales, psicológicos, culturales. De hecho no son algo nuevo en la historia; se los conoce desde tiempos inmemoriales. Por supuesto, no son un patrimonio de la "violencia guatemalteca". Actualmente deben su nombre al juez estadounidense Charles Lynch, quien organizó a contemporáneos suyos para actuar como ley local en un juicio sumario contra unos conspiradores pro-británicos hacia el año 1780. A partir de este hecho relativamente reciente se derivó el verbo linchar, y el sustantivo linchamiento, hoy ya universalmente aceptados.
Lo significativo en Guatemala es no sólo la crueldad de estos actos (con sus características muy propias: es costumbre quemar a la persona linchada), sino su sintomática recurrencia: desde el momento del inicio del proceso de paz hasta la fecha nunca desparecieron. Se dan en las comunidades rurales que fueron escenario del enfrentamiento armado, donde existieron redes de contrainsurgencia paramilitar que nunca se desmantelaron totalmente (y donde muchas veces no hay gasolineras, pero donde nunca falta gasolina para quemar al linchado), así como en áreas urbanas. Incluso -este es un dato que no puede minimizarse- hasta se dio uno, con saldo mortal para uno de los delincuentes linchados (fueron tres) ¡en el estacionamiento de una universidad católica de la ciudad capital, siendo sus estudiantes ¿católicos? quienes lo llevaron a cabo!
Quienes continúan poniendo los muertos siguen siendo los mismos que sufrieron lo peor de la represión en años pasados, y quienes históricamente han estado alejados de los beneficios de un desarrollo equitativo que hace de Guatemala un país de enormes contrastes: los indígenas de origen maya, por siempre pobres, o los pobres urbanos, en muchos casos de ascendencia maya, siempre excluidos (de esos sectores urbanos marginados surgen los ladrones que pululan por toda la sociedad, y que pueden robar un teléfono celular, una billetera, una cadenita de oro; nunca se lincha a un funcionario que roba parte del presupuesto, por ejemplo, o un personaje ligado al gran crimen organizado, todos los cuales no vienen de esos sectores marginados y empobrecidos. Y jamás -¡esto es impensable!- se lincharía a un empresario o a un patrón de finca, por más explotadores que sean). De hecho, como símbolo de lo grotescamente patético del asunto, valga decir que vez pasada se linchó a un par de jóvenes en el departamento de Quiché que habían robado… ¡unas zanahorias en un mercado!
De ninguna manera se debe buscar en la historia prehispánica o colonial el origen de los linchamientos. En todo caso sus causas se ligan al contexto particular que vive Guatemala hoy; contexto que, definitivamente, es consecuencia de siglos de historia conflictiva y violenta. Con esto se desvirtúa la opinión -profundamente racista- que los linchamientos son "prácticas de indios" (no debe olvidarse que la población indígena-maya del país es de alrededor del 60%, y la ideología racista dominante ve en ellos un factor de atraso y pobreza). Los linchamientos responden, en todo caso, a un horizonte histórico-social de violencia (de más de cinco siglos, reforzados por una guerra interna de casi cuatro décadas) que ha creado una cultura de violencia, en tanto dimensión de aceptación normal de fenómenos a todas luces violatorios de una coexistencia pacífica. Cultura de violencia que se refleja en un sinnúmero de conductas sociales no cuestionadas, como la aceptación generalizada del uso de armas de fuego, la resolución violenta de los pleitos, la aceptación -tanto por el Estado como por la sociedad civil- de la pena de muerte, la discriminación histórica de la población maya, una dinámica cotidiana de verticalismo y machismo, corrupción e impunidad a niveles escandalosos. Todo lo cual puede dar como resultado que entre un tercio de la población a nivel nacional haya total conformidad para con los linchamientos como una práctica correcta de "ejercicio de la justicia".
Como en todo complejo fenómeno social, no hay "buenos" contra "malos". Las cosas son infinitamente más enrevesadas, más complicadas. En todo caso, los linchamientos están originados en una sumatoria multifacética de causas:
Cultura de violencia vivida por años y asumida ahora como normal Inseguridad pública: violación de los derechos humanos e impunidad Muy bajo impacto del sistema formal de justicia y descrédito de la justicia consuetudinaria maya Ruptura del tejido social, producto de las estrategias contrainsurgentes de la pasada guerra Manipulación política de las poblaciones descontentas Mantenimiento de la ingobernabilidad Pobreza extrema, que redimensiona el valor de los bienes robados (¿linchar por un par de zanahorias?) En algunos casos, fanatismo religioso con mensajes apocalípticos (sectas neoevangélicas, habiéndose dado casos donde pastores de estas denominaciones llamaron a linchar).
Buscando explicaciones
El texto "Guatemala: Nunca Más", presentado en 1998 por la Iglesia Católica como informe final de su arduo Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI-, el cual estudia la represión vivida en estas pasadas décadas, indica que "el aprendizaje social de la violencia que se ha inducido a través de los grupos paramilitares, las redes de inteligencia y los mecanismos de entrenamiento militar, implican la necesidad de una desmilitarización real que revierta el proceso desarrollado en la guerra. Sin acciones específicas en ese sentido y en un contexto de impunidad y graves problemas económicos en muchos sectores de la población, las consecuencias de la guerra se manifiestan ya en nuevas formas de violencia social" [tal como los linchamientos].
Con la destrucción de las autoridades tradicionales de origen maya también tambalean las normas morales construidas para regular la convivencia cotidiana así como para resolver los conflictos domésticos, intra e intercomunitarios. En esa lógica, los linchamientos vienen a ser la expresión más elocuente -y patéticamente descarnada- de la militarización cultural que ha sufrido la sociedad en estos últimos años, y que se sigue evidenciando de manera dramática.
La psicología colectiva provee elementos para entender el problema; como dice el padre de la Psicología Social, el francés Gustave Le Bon en su ya clásica "Psicología de las multitudes": "La masa no tiene conciencia de sus actos; quedan abolidas ciertas facultades y puede ser llevada a un grado extremo de exaltación. La multitud es extremadamente influenciable y crédula, y carece de sentido crítico". Eso puede apreciarse en cualquier conducta masificada, donde desaparece la conciencia crítica y el individuo se ve transportado por la efusividad de la masa: para ejemplo, la moda, la conducta en un estadio de fútbol, el espíritu patriótico. En los fenómenos de los linchamientos siempre está presente este nivel de lo masivo, de lo tumultuario no racional. En el caso de Guatemala además se da un particular vínculo con la reciente historia de militarización vivida, que ha dejado marcas todavía muy frescas, y que confiere características especiales a la dinámica cotidiana. Durante el conflicto armado interno parte de las estrategias de la intervención contrainsurgente del Ejército fueron las de índole psicológica, junto con las acciones de violencia física. Esa especial metodología trajo consecuencias psicológicas y morales que se evidencian claramente en los linchamientos:
Las estrategias de las políticas contrainsurgentes fueron una escuela de crueldad. Estas acciones violentas permanecen en la memoria histórica de las poblaciones, manifestándose en lo que hoy se implementa en los linchamientos: tortura previa a la muerte, incineración de la víctima, posterior exhibición pública del cadáver. La crueldad de muchas acciones de la delincuencia cotidiana que hoy asola al país (el descuartizamiento, por ejemplo), o de los "honestos ciudadanos" incluso, que pueden quemar vivo a un ladrón capturado para lincharlo, no son connaturales a los guatemaltecos, no vienen en sus genes: son un reflejo de una historia vivida ("se repite activamente lo que se padeció pasivamente", es una enseñanza de la Psicología). Valga decir que Guatemala fue el país de todo el continente americano donde la guerra contrainsurgente alcanzó los niveles más crueles (200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, más de 600 aldeas destruidas en las campañas de "tierra arrasada". Todo eso no pasó en vano: los linchamientos lo remedan.)
El terror tiene manifestaciones y secuelas sociales que no desaparecen automáticamente cuando la violencia desciende, sino que presenta efectos acumulativos y perdurables. A partir de la historia vivida, el terror se convierte en una amenaza que puede ser reactivada en cualquier momento, y el linchamiento es una de las formas de recordarlo. La actual "epidemia de violencia" que vive la sociedad Guatemala -que transforma al país en uno de los más inseguros y violentos del mundo, sin estar técnicamente en guerra- no nace sola. Se juegan ahí historias coaguladas que llevan a la colonia y a la fundación del Estado moderno como monumental opresión de clase justificada en una fenomenal cultura racista.
Se destruyeron los tejidos sociales de solidaridad y participación comunitaria. Lo cual ha dado como resultado una intensificación de la desconfianza contra cualquier desconocido, contra los "extraños", frente a quienes se puede descargar entonces una tensión social, como ocurre en los linchamientos. La cultura de la desconfianza, de la paranoia, tan típicas de la guerra, se ha entronizado, y hoy día cualquiera puede ser sospechoso. Y ni se diga si la sospecha se asienta en estereotipos enraizados: joven con aire de marero, tatuado, con facciones no-blancas, proveniente de las zonas rojas de la ciudad, etc., etc. Es más fácil pedir el inmediato ajusticiamiento del ladrón (ladrón de celulares, claro está, no el del ladrón de millones del presupuesto nacional por ejemplo) que encontrar las causas por las que un joven delinque. La ética en juego es, como alguien dijo acertadamente, una ética de naufragio: "¡sálvese quien pueda!"
Se militarizó la implementación de justicia. La misma, por décadas durante el conflicto interno, se desenvolvió en el marco de una lógica militarizada. La transición a la justicia civil y su aceptación por parte de la población, sobre todo en cuanto al derecho al debido proceso y la correlatividad entre el delito y la pena, será un tránsito que requerirá de un trabajo de desaprender los códigos militarizados y el irrespeto a la vida. Pedir "mano dura" como supuesta solución de los problemas que aquejan a la ciudadanía no es sino la expresión de esa historia de guerra y de militarización, que incluso va más allá de los 36 años de guerra. La cultura militar anida en el imaginario social que recorre la sociedad: ¿por qué un colegio es "bueno", según el extendido prejuicio que se repite frecuentemente, en tanto tiene mucha "disciplina", mucho "rigor", una excelente banda marcial?
Se buscó uniformar a la población a través de una manipulación maniquea de "nosotros buenos" y "ellos malos". En los linchamientos, al igual que en las dinámicas militarizadas que se vivieron en años pasados, se da una pretendida cohesión de la comunidad considerándola como un todo. Así se instala la impunidad para los ejecutores que se convierten en justicieros, se valora la solidaridad interna de la comunidad que ha sido capaz de "resolver" por sí misma sus problemas, la conciencia de culpa que podrían producir en algunas personas el presenciar o ejecutar actos de crueldad se diluye en la euforia de la solidaridad colectiva y el sentimiento de omnipotencia adquirido en el supuesto triunfo contra la maldad. Con los linchamientos, que ya hace más de una década pasaron a integrarse en la normalidad cotidiana de la población guatemalteca, no se ha resuelto en modo alguno el acuciante problema de la inseguridad ciudadana (al igual que no se ha resuelto con la desproporcionada cantidad de policías privados que pueden encontrarse donde sea: en una panadería de barrio, en una iglesia, en un establecimiento educativo -hay 6 veces más agentes privados que de la Policía Nacional Civil-, pero que sí refuerzan el estereotipo de "ciudadanos buenos" y "sospechosos malignos".
Aunque supuestamente los linchamientos constituyen una forma sumaria de hacer justicia, en realidad como procedimiento de presunto orden preventivo respecto a la delincuencia no traen ninguna consecuencia real, en tanto mecanismo disuasivo (al igual que la pena de muerte). Pese a haberse "ajusticiado" a numerosos delincuentes (insistamos: en general más cerca del robo de unas zanahorias que empresarios explotadores, funcionarios corruptos, militares acusados de delitos de lesa humanidad durante la pasada guerra o connotados representantes del crimen organizado), el índice de criminalidad en todo el país, y en las ex zonas de guerra también, continúa siendo alarmantemente alto. Si alguien osara tomarlos como presunta "justicia popular", se equivoca de cabo a rabo.
Los linchamientos significan para la población un recordatorio de quién sigue mandando. Si bien no se puede afirmar categóricamente en la totalidad de casos registrados, al menos en las áreas rurales hay fuertes indicios indicativos de la participación de las estructuras paramilitares contrainsurgentes que tuvieron lugar en la guerra -aún activas, por cierto- que dan su cuota de aporte para la comisión de estos hechos tumultuarios con los que se perpetúa un clima no democrático. Dicho en otros términos: este fenómeno no es sino una expresión -grotesca, y por ello mismo trágica- de la impunidad que aún reina. Y en las áreas urbanas son un indicativo de la permanencia de esa cultura militarizada y de muerte (vale más un teléfono celular que una vida humana, aún para un estudiante de una universidad católica que puede linchar en defensa… ¡de la propiedad privada de un teléfono celular!).
Enfatizamos esta idea: los linchamientos no hablan sólo de una falta de justicia (en ese caso podrían llegar a entenderse entonces como una forma sumaria de justicia popular). Ahí radica el verdadero núcleo del problema: el linchamiento no es justicia sino, por el contrario, refuerza la falta de justicia que campea en este nunca terminado período de post guerra. El linchamiento refuerza la impunidad.
¿Qué hacer ante esto?
Desaprender la violencia, combatir la impunidad, no es fácil; en el caso de Guatemala es trágicamente evidente. Más de cinco siglos de explotación feroz de las grandes mayorías indígenas, y casi cuatro décadas de guerra interna con el resultado de muertos, torturados y desaparecidos más alto en toda América Latina, han dejado marcas. La muerte pasó a ser cosa cotidiana: al que "molesta" hay que sacárselo de encima (dicho sea de paso: hoy un sicario puede matar a alguien por unos escasos centavos, quizá no más de 100 dólares). Los linchamientos no son sino una recreación monstruosa de esa verdad: pobres quemando vivo a otro pobre que se robó algo, alimentando así la cultura de la violencia. Y el ciclo se repite: "el que manda, manda; y si se equivoca vuelve a mandar".
Terminar con los linchamientos significa terminar con la cultura de guerra que aún persiste en el país, la cual, como van las cosas, en vez de ir desapareciendo pareciera que tiende a perpetuarse. Sólo fomentando una profunda y genuina cultura del respeto por el otro, un afianzamiento de la justicia, un combate frontal a la impunidad, pueden ir descendiendo estos fenómenos que nos retrotraen a la lógica del conflicto armado. Para ello es imprescindible que el Estado genere y sostenga, con clara voluntad, políticas a largo plazo encaminadas a ir incidiendo en estos aspectos. Cosa que, preciso es aclararlo, no está sucediendo al día de hoy. Más allá de todas las pomposas declaraciones en torno a la edificación de la paz, hoy día los aplaudidos Acuerdos de Paz de 1996 son, antes bien -como alguien dijera mordazmente- "recuerdos de paz".
De hecho se están desarrollando algunas iniciativas en el ámbito gubernamental tendientes a enfocar este fenómeno; de todos modos, hasta la fecha, en la agenda nacional no están visualizados claramente como un problema de alta prioridad. Son, en todo caso, un elemento más del clima de violencia imperante, pero no algo para lo que se destinan esfuerzos específicos desde las instancias estatales en tanto políticas públicas a largo plazo. En el imaginario colectivo -percepción muchas veces alentada también por los medios de comunicación masivos- pueden ser vistos como "justicia popular"; y desde el Estado poco contribuye a desdecir esa idea.
Por otro lado, desde la sociedad civil -ciertas organizaciones no gubernamentales, algunas iglesias- se han iniciado acciones concretas puntuales, en general enmarcadas en programas de prevención y manejo de la violencia. Su grado de impacto, sin embargo, es relativamente bajo, dado que no existe una estrategia nacional que las promueve y les otorgue real sostenibilidad en el tiempo.
Atacar de raíz el problema de los linchamientos debe pasar por una combinación inteligente de políticas nacionales con esfuerzos de base, todos comprometidos, con real voluntad de cambio, en una transformación de las secuelas del conflicto armado y una profundización de la ciudadanía democrática. Si no se modifica la cultura de violencia, si no se combate frontalmente la impunidad, si la justicia no pasa a ser un hecho concreto en la cotidianeidad de la población, es muy probable que los linchamientos persistan.
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Es Noticia, Lanzan propuesta para incorporar atención de lesbianas en protocolos de salud sexual y reproductiva - 14/03/2014 11:43:04
"Este 12 de marzo, la Articulación Lesbianas Feministas de Lima y Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS) lanzaron un documento que contiene 26 aportes para incorporar la atención de las lesbianas en los protocolos de salud sexual y reproductiva del sector Salud.La presentación se realizó en el Hotel Bolívar, a las 9 de la mañana, con la presencia de la congresista Rosa Mavila y representantes de la Defensoría de la Salud y Transparencia del Ministerio de Salud, la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del mismo sector, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva (del año 2004) están conformadas por ocho módulos que brindan orientación a las y los profesionales de la salud en atención obstétrica, infecciones de transmisión sexual (ITS), cáncer y otros aspectos.
La propuesta es visibilizar las necesidades de salud ginecológica de las lesbianas en los módulos I y VII, por lo que se propone ,por ejemplo, que las y los médicos consideren la orientación sexual de la usuaria durante la realización del examen físico general y que brinden atención, tratamiento y monitoreo a la pareja mujer en caso exista un diagnóstico cuyo manejo es diferente en varones.
"Para la sociedad, el modelo de mujer es el que responde al sistema heterosexual hegemónico. Por ello, no es gratuito que el Estado y el sector Salud no hayan realizado nunca estudios sobre la salud lesbiana o que nos incluyan en sus protocolos de atención", sostiene Ruth Ramos, activista lesbiana y autora de la propuesta.
En las siguientes semanas, la Articulación Lesbianas Feministas de Lima y LIFS continuarán su trabajo de incidencia con el sector Salud y otras instancias a fin de que se logre incorporar su propuesta; propuesta que responde a una demanda del movimiento lésbico feminista peruano de hace más de un cuarto de siglo.
OPINIONES
RUTH RAMOS
Integrante de la Articulación Lesbianas Feministas de Lima
"Hay mucho desconocimiento sobre las lesbianas en una sociedad que pretende ser moderna. Desafortunadamente, esta desinformación se basa en mitos y creencias de un orden machista al cual responden los proveedores de salud".
TAMMY QUINTANILLA
Subgerenta de Servicios Integrales de Protección Frente a la Violencia Basada en Género de la Municipalidad de Lima
"Si tomamos como base este documento, la Gerencia de la Mujer podría elaborar una norma de rango municipal, junto a la Gerencia de Salud. Por lo pronto la publicación nos sirve de mucho pues estamos trabajando una guía de monitoreo y evaluación de los servicios de atención, frente a todas las modalidades de violencia basada en género".
LUCY DEL CARPIO
Equipo técnico de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (Minsa)
"Este 2014 podríamos abordar la problemática que nos presentan. Podrían comunicarse con nosotros e informar formalmente que desean colaborar en la adecuación de los módulos de las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva. Estamos abiertos a trabajar por el provecho y la salud de todos".
SILVIA QUINTEROS
Directora de Políticas de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
"Efectivamente, existe necesidad de visibilizar a las mujeres lesbianas y de hacer propuestas de políticas públicas a favor de ellas. Como MIMP, formamos parte del Grupo de Trabajo para Promover los Derechos de las Lesbianas (GTL), integrado también por la Articulación Lesbianas Feministas de Lima. Sin duda, este el espacio donde podríamos trabajar juntas el documento que acaban de presentar".
KARINA PRINCE
Representante de la Defensoría de la Salud y Transparencia del Minsa
"Hace un par de meses emitimos el Informe No. 13 sobre el acceso a la salud de la población de lesbianas, trans, gays y bisexuales (LTGB). En él hemos recomendado a la Dirección General de Salud de las Personas trabajar lineamientos y políticas en salud a favor de ella. Su decisión es que la sensibilización de los profesionales de la salud en temas de orientación e identidad de género sea obligatoria".
DANTE PONCE DE LEÓN
Representante de la Defensoría del Pueblo
"Este documento debe llegar igualmente a manos de la Comisión Nacional contra la Discriminación, conformado en diciembre del año pasado. En ella participan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como el Ministerio de Salud".
PATRICIA CARRILLO
Directora General de Transversalización del Enfoque de Género del MIMP
"Este es un ejemplo de una sociedad civil madura que le alcanza al Estado información que desconoce y que además elabora propuestas. Será muy útil para los servicios de salud que desconocen la complejidad de la sexualidad humana".
ROSA MAVILA
Congresista de la República de Acción Popular-Frente Amplio
"Si bien hay más ideas progresistas en la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas [distinta a la Comisión de la Mujer y Familia], no hemos incorporado nada sobre lesbianas por pura ignorancia. Por ello, esta propuesta es oportuna, porque hasta ahora el tratamiento de la homosexualidad es patrimonialista ,como lo demuestra el debate del matrimonio, cuando debería considerarse sobre todo el derecho integral a la salud o la patria potestad".
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Texto: Maribel Reyes.
Fotos: Melissa Merino.
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Es Noticia, ¿Los derechos humanos son de izquierda? - 25/02/2014 12:16:43
"Por Rocío Silva SantistebanHace un tiempo un "analista político" de derecha sostenía que se debía "arrancar la defensa de los derechos humanos de las manos de la izquierda". Hoy, cuando algunos analistas políticos, asesores de partidos de derecha, sostienen que hay un "doble rasero" en la izquierda que apoya a Nicolás Maduro en estas circunstancias, yo me pregunto: ¿ y la derecha que apoya las protestas en Venezuela pero se queja de los antimineros peruanos y justifica incluso la muerte de campesinos, no tienen también un "doble rasero"? Creo que esa coherencia que la derecha peruana le pide a la izquierda peruana no se condice con la falta de coherencia de ellos mismos cuando se trata del derecho a la protesta contra el extractivismo radical que, financiando a la Policía Nacional a través de convenios inconstitucionales, arremete con todo contra campesinos, ronderos, mujeres e indígenas y los mata (29 en lo que va del gobierno). Es fácil mirar la paja en el ojo ajeno.
La derecha peruana, con su concentración de medios y su compulsiva mendacidad, difama, miente, cambia y exagera descaradamente cuando se trata de descalificar los liderazgos de izquierda que enarbolamos la bandera de los derechos humanos. Por otro lado, ciertos sectores de la izquierda peruana no pueden ser incoherentes y reclamar por el derecho a la protesta en Conga y descalificar el derecho a la protesta en Caracas. No se puede justificar la muerte en protestas sociales jamás. Una izquierda que luche por la verdad y la justicia tiene que tener como bandera la sanción a los culpables de muertes en conflictos sociales en toda nuestra América Latina.
Hoy en día, a la luz de todos los convenios internacionales y los avances en el tema, no podemos decir que los derechos humanos sean ni de derecha ni de izquierda. El debate y las diversas polémicas están más bien centrados en su origen occidental y las perspectivas de que los pueblos indígenas o de que otros sectores no-occidentales sean reconocidos y dignificados con ellos. La violación a la integridad del cuerpo de las mujeres, por ejemplo en el caso de la ablación femenina, no puede justificarse nunca, ni siquiera aduciendo una "tradición ancestral" porque, de esa manera, también podríamos justificar hasta el canibalismo si hace falta.
Los derechos humanos se inician con el reconocimiento ciudadano de la necesidad de equidad entre todos y fueron los liberales, sobre todo después de la independencia de los Estados Unidos, quienes los desarrollaron pero se ampliaron mucho más cuando, desde otras perspectivas progresistas, se incluyeron los derechos humanos sociales, económicos, culturales y hoy en día también los ambientales. La defensa del agua y del territorio, por ejemplo, hoy mismo difiere con algunos gobiernos de izquierda como el ecuatoriano o el mismo venezolano que están a favor del extractivismo.
Hay que tener en consideración que desde América Latina, con nuestras comisiones de la verdad, hemos aportado muchísimo a la ampliación de los derechos humanos en el mundo y, sobre todo, de la participación de la sociedad civil en su defensa. El cuidado por el otro, la solidaridad entre pares, la necesidad del reclamo de verdad y justicia, así como la denuncia de la violación de los derechos por las fuerzas armadas, policía y fuerzas paramilitares, son lo que nos ha caracterizado. Muchas personas involucradas en la defensa de los derechos humanos somos de izquierda y lo seguiremos siendo: por eso mismo debemos de luchar para que se reconozcan, incluso, entre aquellos que se nos oponen.
Publicado en el diario La República, martes 25/02/2014
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Que opina? 5 millones de dólares del Presupuesto 2014 de EE.UU. aceitan las protestas "democráticas" en Venezuela.- Tontos útiles derechistas manipulados por el cabecilla Leopoldo López burdelizan con sus acciones a la nación bolivariana y promueven cínicamente el g - 21/02/2014 20:29:01
"Escribe: César Vásquez BazánPortada del Executive Budget Summary, Function 150 & Other International Programs, donde el Departamento de Estado de EE.UU. incluye el financiamiento de cinco millones de dólares para aceitar las actividades de la oposición que intenta derrocar al gobierno democráticamente elegido de Venezuela.
(Department of State - United States of America 2013, 1)
Breve descripción hecha por el Secretario de Estado Kerry sobre el uso al que se aplicarán los cinco millones de dólares presupuestados para los golpistas venezolanos. Kerry confiesa que se busca ""apoyar los esfuerzos de construcción de una oposición"", oposición, por supuesto, al gobierno de Maduro.
(Department of State - United States of America 2013, 94-95)
El párrafo reza a la letra:
Venezuela ($5 millones): El requerimiento para el año fiscal 2014 ayudará a fortalecer la sociedad civil y las instituciones democráticas y apoyará los esfuerzos de construcción de la competencia [política] que protegerá el espacio democrático, buscando servir los intereses y necesidades del pueblo venezolano. El financiamiento ayudará a organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos.
Detrás de la anterior palabrería burocrática se esconde la abierta intromisión del Gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, a través del financiamiento de facciones golpistas que intentan derrocar al gobierno democráticamente elegido de Nicolás Maduro. Los cinco millones pagados por el Departamento de Estado a tontos útiles como Leopoldo López y Capriles no buscan defender la democracia o los derechos humanos sino promover un golpe de estado contra el régimen bolivariano. Obviamente, los esfuerzos ""democráticos"" de la Administración Obama tienen como objetivo final la recaptura del petróleo venezolano.
Fondo de Apoyo Económico de la Secretaría de Estado de EE.UU.
Resaltada en amarillo se aprecia la cantidad de cinco millones de dólares destinada a financiar las actividades de los golpistas venezolanos
(Department of State - United States of America 2013, 161)
Fuente
Department of State, United States of America. 2013. Fiscal Year 2014. Executive Budget Summary. Function 150 and Other International Programs. Washington.
© César Vásquez Bazán, 2014
Febrero 20, 2014
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Noticia, Red Muqui: PRONUNCIAMIENTO DENUNCIAMOS CAMPAÑA PÚBLICA PARA DESLEGITIMAR ACTIVIDADES DE DEFENSORES E INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS, AMBIENTALES - 03/02/2014 11:42:30
" PRONUNCIAMIENTODENUNCIAMOS CAMPAÑA PÚBLICA PARA DESLEGITIMAR ACTIVIDADES DE DEFENSORES E INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS, AMBIENTALES Y DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE A NIVEL NACIONAL
La RED MUQUI, colectivo conformado por 27 instituciones de la sociedad civil de todo el Perú, que desde hace más de 10 años promueve el reconocimiento y respeto de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por las actividades mineras en el país, así como sus posibilidades de desarrollo humano, integral y sostenible, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:
1. El día 27 de enero del presente, la edición norte del diario La República, publicó la nota denominada "Miguel Santillana advierte sobre presencia de Lupo Canterac en Tambogrande". En ella se cita declaraciones del citado consultor de empresas Miguel Santillana, aludiendo que la presencia de Lupo Canterac, actual responsable de la Red Muqui Norte, y Coordinador de la Red Agua, Democracia y Desarrollo , REDAD de Piura (miembro de Red Muqui), en Tambogrande, "forma parte del relanzamiento de las fuerzas antiinversión y antimineras (…)". El diario también señala que "observadores locales informaron (…) que Lupo Canterac arribó a la Comunidad Campesina de Locuto (en el distrito de Tambogrande), (…) donde se ha registrado creciente agitación política y violencia en el marco de una campaña ultra izquierdista para impedir proyectos de inversión en la zona".
2. La Red Muqui rechaza las afirmaciones calumniosas en contra de Lupo Canterac, persona reconocida en Piura por su honestidad, integridad y apertura al diálogo, en tanto ni él ni nuestros colectivos hemos promovido, ni antes ni ahora, ningún tipo de acción violenta o agitación, pues estamos en contra de ello, y es más impulsamos salidas pacíficas a los conflictos sociales generados, a pedido de las comunidades o poblaciones que se sienten afectadas en sus derechos por las actividades mineras.
3. El ataque contra Lupo Canterac se produce cuando la empresa minera peruana Buenaventura, que es titular del Proyecto Minero "El Faique" en tierras de la Comunidad Campesina de Locuto en el distrito de Tambogrande en la región Piura, busca obtener la autorización de la citada comunidad para sus operaciones. La Comunidad está de acuerdo con realizar una consulta al respecto, pero no condicionada por la empresa minera, como han tratado de hacerlo en dos oportunidades. Lo cierto es que hay un rechazo de la comunidad a su realización, el que se hace patente en el pronunciamiento de la Comunidad publicado en el diario La Hora de Piura del sábado 25 de enero.
4. El proyecto minero "El Faique" está ubicado en la margen izquierda del Rio Piura, y era la segunda etapa del proyecto que fue sometido a una consulta vecinal realizada en junio del 2002, donde el 98% de la población local rechazó su realización.
5. Consideramos que las afirmaciones calumniosas sufridas por Lupo Canterac en Piura, así como por otros líderes, promotores sociales e instituciones de derechos humanos en Cajamarca y Espinar, Cusco, son parte de toda una campaña lanzada por intereses económicos, que tiene diversos operadores para deslegitimar las actividades de defensores/as e instituciones de derechos humanos y ambientales, y las que promueven el desarrollo local sostenible, cuya tarea sólo suple la falta de un Estado que tutele los derechos de la comunidades y poblaciones afectadas.
Consideramos que todos estos ataques no hacen sino restar importancia a los verdaderos problemas que están detrás de los conflictos sociales, como la no realización de procesos de consulta previa en minería hasta la fecha, la falta de mecanismos de participación efectiva, la ausencia de una fiscalización ambiental efectiva, la necesidad de una Ley de Ordenamiento Territorial que permita culminar dichos procesos, entre otras muchas, que de no afrontarse mantendrán la posibilidad de nuevos conflictos sociales, y frente a ello la respuesta represiva desde el gobierno.
Lima, 30 de Enero del 2014
Asociación Marianista de Acción Social-AMAS,Otuzco, La Libertad/Andes-Pasco/APRODEH/Arariwa- Cusco/ CADEP-Cusco/ CEDAP-Ayacucho/Centro Labor- Pasco/ Centro Pastoral de la Diócesis de Chulucanas-/CooperAcción/ Derechos Humanos sin Fronteras , Cusco/ Fedepaz/ Grufides , Cajamarca/Grupo Propuesta Ciudadana/ Huñuq Mayu-Apurímac/ Instituto Natura- Áncash/ Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno/Pastoral de la Dignidad Humana- Huancayo/ Programa Democracia y Transformación Global/ Red Regional Agua, Democracia y Desarrollo de Piura/ Red Uniendo Manos/ Vicaría de Solidaridad de Jaén/ Siguen firmas…
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Que opina? Sociedad civil exige justicia y reparación a las víctimas de esterilizaciones forzadas - 30/01/2014 14:25:32
""El fiscal no puede decir que no hay evidencias. Existen oficios, memorándums de los ministros que iban informando a Fujimori de cómo se cumplían o no las metas, donde se señalaban además, las cuotas de mujeres que tenían que captar para esterilizarlas, y también se hablaban de las sanciones o recompensas que iban a tener", denuncia Rossy Salazar, representante legal de Demus. La abogada precisa que se han presentado tres fundamentos en el recurso de queja con la esperanza de que la Fiscalía Superior cambie la resolución emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, a cargo del fiscal Marco Guzmán Baca, que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y sus asesores y al directo involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.El primer punto que se ha sustentado es que el fiscal provincial no necesitaba pruebas contundentes para denunciar, sino evidencias de que se ha cometido un delito, y como precisa Rossy Salazar, "hay suficientes evidencias dentro del expediente fiscal". Además, denuncian que el propio fiscal no ha cumplido con el formalismo establecido, pues para archivar un caso de 2.074 mujeres, se debía explicar caso por caso, sin embargo, la resolución sólo ha hecho mención al suceso de Mamérita Mestanza, campesina que fue sometida a una operación quirúrgica de esterilización en 1998 y falleció ocho días después de la intervención.
Y por último, la consideración de que se han fundamentado de manera contundente todas las evidencias que hay en el expediente fiscal que determinan que fue un delito de lesa humanidad, a través de los informes y memorándums señalados como con las declaraciones de las más de 2 mil mujeres que han contado cómo han sido "engañadas, amenazadas, chantajeadas para que se lleve a cabo ese tipo de política y declaraciones de médicos y enfermeras que señalan cómo eran amedrantados para cumplir con estas metas", explica Salazar.
"Esterilizaciones forzadas, ¡Sanción y Justicia ahora!", es el reclamo que hacen las mujeres víctimas de este delito y las organizaciones de la sociedad civil tras la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios implicados en las esterilizaciones forzadas durante todo el régimen fujimorista desde 1996 hasta 2001. Como se recuerda, dicho programa constituyó una política pública que promovió la esterilizaciones de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales. Es el caso de Sabina Huillca procedente de Cusco. "Me indigna este caso, no encontramos justicia, ¿Por qué lo han archivado? Casi no sabemos leer ni escribir, ¿Será por eso que fue archivado?", se pregunta indignada.
Mientras la parlamentaria andina Hilaria Supa señala que Fujimori hizo mutilar a las mujeres más pobres del Perú que no conocían sus derechos. "Este Estado nunca ha reconocido a esta población y hasta hoy siguen siendo discriminadas", dice.
"El Estado a través de sus operadores de salud anuló la libertad de las mujeres a decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. Además, el impacto en las mujeres de una determinada cosmovisión en nuestro país donde el vientre de la mujer es fecundo como la tierra, también se anuló la capacidad de dar vida. Se sienten incompletas.", explica Mariel Távara, responsable de línea psicológica de Demus.
"En estos 17 años mi vida ha sido duro, no poder ser madre fue una frustración muy grande. Nuestro testimonio debe valer mucho más que un papel. Nosotras solamente queremos justicia, y es indignante que siempre tengamos que estar pidiendo por favor la justicia", se lamenta Victoria Vigo víctima de la esterilización forzada.
"La decisión de archivamiento es contraproducente, porque el espíritu de reapertura del caso es contrario a lo que se ha decidido, y abusiva, porque se juzga como si los responsables hubieran sido los médicos, cuando todos sabemos que ha sido una política nacional cuyo responsable fue el mismo gobierno de Fujimori y sus ministros", señala Alfonso Ramos, hermano de Celia Ramos, otra víctima mortal de las 18 que se han registrado por esta causa.
Así, representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNNDDHH) y Demus , Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Cladem (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer) demandaron justicia y reparación a las víctimas tras la presentación de la acción legal emprendida ante la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios públicos implicado.
"A dos años y medio del gobierno de Ollanta Humala y frente a su compromiso con las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas demandamos al Ejecutivo reparación a todas las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir buscando justicia. "No vamos a dejar que estos delitos de lesa humanidad queden impunes", finalizó María Ysabel Sedano directora de Demus.
Dato:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vería en marzo caso de esterilizaciones forzadas.
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