Gestión Pública del Perú y el Mundo: Se realizó audiencia pública de la Comisión de Fiscalización en Chimbote y Las contradicciones del fiscal Vizcarra

Noticia, Ancash: Se realizó audiencia pública de la Comisión de Fiscalización en Chimbote - 08/04/2014 10:20:22

" Familiares de las víctimas en exteriores de auditorio donde se realizó la audiencia pública.
El día de ayer a partir de las 10 de la mañana se dio inicio la audiencia descentralizada de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República con la presencia del fiscal de la Nación, José Pelaez Baradeles; el contralor de la República, Fuad Khoury; el director general de la Policía Nacional, Jorge Flores Goycochea; el procurador anticorrupción, Cristian Salas, y congresistas que forman parte de la citada comisión.
El contralor de la República, Fuad Khoury, anunció que en el transcurso de esta semana llegarán 40 auditores a investigar los casos de corrupción en la región Áncash.
Entre 30 y 40 fueron los participantes de la audiencia que hicieron uso de la palabra. Exponiendo denuncias, irregularidades y archivamiento de casos. También exigiendo el restablecimiento de los fiscales destituidos por realizar investigaciones en "La Centralita".
Entro los participante se presentó Fiorella Nolasco (hija del exconsejero regional Ezequiel Nolasco). Exigió la investigación del caso de su padre y solicitó una audiencia con el fiscal de la Nación para presentar los documentos que su padre poseía la noche de su asesinato.
También se expresó, Nieves Sánchez Milla, hermana del fallecido ex vicepresidente regional, José Sánchez Milla. "La muerte de mi hermano no fue un robo, fue un asesinato" dijo y agregó que tiene pruebas de cómo actuó la policía en la investigación, para quien todo lo ocurrido resultó ser un robo.
Otra denuncia fue la del sacerdote Luis Antonio Palomino Palacios, quien fue alcalde del distrito de Quillo, en la provincia de Yungay (Áncash) en el periodo 2007-2010. Palomino vive en la clandestinidad por las constantes amenazas.
El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, ofreció respaldar a la presidenta de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal del Santa, Nancy Moreno Rivera. El trabajo de Moreno Rivera, retomando casos archivados y denunciándolos, le valió varias amenazas de muerte.
En los exteriores del auditorio decenas de personas quedaron sin la posibilidad de ingresar a la audiencia. Con denuncias en mano para presentar ante la audiencia, varias personas vieron frustrado presentar sus casos y exigir justicia. Desde Huaraz y otras provincias se hicieron presentes con banderolas y pancartas. Exponían sus casos (muertes por sicariato, en su mayoría). La única respuesta que recibieron de los responsables de controlar el ingreso a la audiencia fue que la capacidad del auditorio ya había superado su capacidad.
"Necesitamos hacer un mea culpa por haber dado la espalda o abandonado al Santa, Chimbote, eso lo aceptamos. En el Ministerio Público tuvimos una serie de problemas, primero que aquí tuvimos a un presidente de la Junta de Fiscales que estuvo mucho tiempo en el cargo. Además, tuvimos que designar a fiscales provisionales", manifestó el fiscal de la Nación, José Peláez.
"Que no quede en simples palabras", indicó por su parte el congresista Modesto Julca.

Texto: CJS-Chimbote
Fotos: Internet (CJS-Chimbote, RSD en línea, Diario de Chimbote, Chimbote en la Web)

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Noticia, Las contradicciones del fiscal Vizcarra - 04/03/2014 17:40:57

"El Fiscal Fredy Vizcarra Villegas, titular de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Tributarios, se encuentra inmerso en un mar de temores, dudas e incoherencias.
Busca sí o sí construir un crimen porque si no lo hace, un influyente congresista se pondrá de mal humor.
En la fiscalía que preside el magistrado Fredy Eloy Vizcarra Villegas se viene investigando una denuncia por presunto delito de defraudación tributaria vinculado con lavado de activos en agravio del Estado signada con el N° 141- 2013, investigación que tiene cerca de nueves meses y los indicios se muestran cada vez más volubles y esquivos.
En su oficina, en los pocos momentos de soledad, el fiscal Vizcarra Villegas lamenta el momento cuando aceptó que su homóloga, la fiscal Ana Santiago Jiménez, de la 21° Fiscalía Provincial Penal de Lima, le pase, después de seis meses de investigación, de taquito esta denuncia sin medir las consecuencias.
Vizcarra tampoco calculó que se estaban enfrentando dos enemigos y huesos duros de roer: por un lado, el inefable congresista de la República Víctor Andrés García Belaunde, más conocido como "Vitocho", y por otro lado, el abogado y director de la revista Juez Justo, Benedicto Jiménez Bacca.
¿Por qué a mí? Él, por espíritu de cuerpo, ya que había sido fiscal de la 21° Fiscalía, aceptó recibir esta denuncia y el 8 de diciembre de 2013 emitió una disposición fiscal iniciando una investigación preliminar por el mismo motivo: delito de lavado de activos provenientes de defraudación tributaria. Vizcarra Villegas construyó una hipótesis incriminatoria que en ese momento consideró bastante sólida contra el director de este semanario, pero que pronto se cayó como un castillo de naipes.
El fiscal era consciente de que se metía en una camisa de once varas, pero confiaba en salir airoso en esta investigación.
Sabía también que la denuncia fue presentada por el parlamentario más figuretti de todos los tiempos, que le gusta presionar a los magistrados, que no le gusta perder un litigio y que sólo se siente feliz si los magistrados cumplen a pie juntillas su voluntad.
De la misma manera, el magistrado tiene claro también que al otro lado del cuadrilátero está el controvertido director del semanario Juez justo, aquel que le gusta escribir, amante de las historias detrás del crimen.
Sin embargo, eso no le preocupaba tanto como el hecho de que ya había pasado cerca de nueve meses y la primera hipótesis incriminatoria se había caído como los rascacielos de las Torres Gemelas de New York.
Hipótesis y más hipótesis. En su resolución del 18 de diciembre de 2013, el fiscal había planteado como tesis incriminatoria contra la empresa Juez Justo TV SAC que ésta había dejado de declarar ante la SUNAT, desde el 2009, tal como figuraba en condicional en la denuncia de "Vitocho"
Y que, se supone, el superávit o dinero que le quedaba de la omisión del pago de sus tributos habría sido utilizado -siempre en condicional- en la compra de bienes muebles (un vehículo y dos departamentos).
Todo, insistimos, estaba en términos condicionales o conjeturales, porque la denuncia no aportaba mayores elementos.
Los hechos incriminatorios que aparecen en la resolución fiscal del 18 de diciembre se basan en probabilidades, existe una presunta construcción de certeza no fundada en hechos plenamente probados o al menos indicios (que no son meras sospechas, conjeturas o chismes).
Sino en probabilidades como que la empresa Juez Justo TV SAC, desde su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (2009), no habría declarado los impuestos de ley ante la SUNAT, por lo que se presume que estaría involucrada en el presunto delito de defraudación tributaria al haber obtenido ingresos económicos ilícitos en perjuicio del Estado recursos con los que habría adquirido bienes inmuebles (así como los dueños de la revista CARETAS).
El Fiscal Fredy Vizcarra Villegas omitió motivar debidamente su resolución del 18 de diciembre y trató de encontrar una actividad criminal o actividad delictiva grave a través de la sospecha de que las declaraciones juradas de la empresa Juez Justo TV SAC no se habrían presentado, cuando debería ser al revés.
Es decir, contar con indicios de una actividad criminal (ejemplo, el informe de la SUNAT en cuanto a que existe indicios de que Juez Justo TV SAC ha cometido delito de defraudación tributaria) y desde allí, teniendo indicios de una actividad criminal, probar que el dinero proveniente de esta actividad es el mismo que esa empresa ha utilizado para su funcionamiento y la publicidad.
Entonces el fiscal, ni corto ni perezoso, al ver que la primera hipótesis incriminatoria se había caído, el 13 de enero de este año construyó otra conjetura, después de siete meses de la denuncia, dándose cuenta -así lo dice en su resolución.
De que analizando los antecedentes del caso y las diligencias que había dispuesto a la Policía Nacional la Fiscal de la 21° Fiscalía Provincial Penal de Lima, que el mecanismo técnico idóneo para revelar o descartar sobre la existencia de indicios razonables y suficientes.
Del presunto delito de defraudación tributaria vinculada con lavado de activos es la evaluación contable, financiera y tributaria de los contribuyentes o responsables titulares del cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de la existencia de hechos económicos imponibles.
Por lo tanto, dispuso que la empresa Juez Justo TV SAC y la persona natural, Benedicto Jiménez, en 15 días presente ante su despacho la documentación contable, financiera y tributaria de los ejercicios fiscales del 2009 al 1013 para efecto de la evaluación correspondiente.
El fiscal Vizcarra sabe que si no logra construir un hecho criminal y resolver a favor del congresista "Vitocho", su suerte está sellada.
He ahí su dilema. No tiene otra alternativa que darle en la yema del gusto o será crucificado y sus expectativas de ascenso en el Ministerio Público serán una quimera.
Asimismo, si la resolución fiscal no le agrada o exculpa a su denunciado, le suelta una andanada de quejas, denuncias y lo crucifica para siempre, porque sabe que "Vitocho" tiene amigos y querendones en las más altas esferas del poder.
Eso lo saben bien los fiscales y magistrados. Así que es lógico deducir que ante una acusación de este legislador, al denunciado sólo le queda un camino: sobrevivir y aprender a utilizar la ley como un fino sainete o una espada eficaz.
No existe otra vía porque nunca los fiscales te van a dar la razón, así utilices los mejores argumentos de defensa.
Como el denunciado es abogado y conoce algo de estrategia legal, le ha pedido al fiscal que declare la nulidad de la resolución que decide continuar con la investigación preliminar.
Debido a que se ha vulnerado el plazo razonable y no existe aquello que se conoce como causa probable (indicios suficientes o un delito tributario previo al lavado de activos) o porque el fiscal ha obviado el requisito de procedibilidad.
O el informe técnico motivado previo emitido por la SUNAT que sirva de indicio o elemento de juicio revelador de un probable delito de defraudación tributaria conforme al Artículo 7° de la Ley de Delitos Tributarios (Decreto Legislativo N° 813).
Jiménez Bacca ha solicitado también que el fiscal aplique el criterio precedente que empleó en la investigación por lavado de activos contra Giovanni Paredes presentado por su media hermana Blanca Paredes, en donde su fiscalía archiva la investigación justamente
porque no contaba con el informe técnico motivado de la SUNAT.
Coerción y amenaza. En vez de pedir este informe técnico, el fiscal Vizcarra optó por captar la prueba por la vía elíptica mediante la coerción, amenazando al denunciando a través de sus resoluciones del 18 de diciembre de 2013 y 13 de enero 2014.
De que en caso de incumplir o negarse a proporcionar la información solicitada, será considerado como presunto autor del delito de rehusamiento en el suministro de información (artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1106).
De paso, el fiscal ordenó a su asistente para que saque copias certificadas de los escritos del abogado Benedicto Jiménez para que sean remitidos al Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y sea sancionado por su conducta supuestamente obstruccionista .
Sin lugar a dudas, "Vitocho" debe estar complacido con las decisiones del fiscal Vizcarra Villegas.
Difícilmente el terco fiscal desconozca que no se puede coaccionar a los ciudadanos a efectos de que aporten pruebas incriminatorias en su contra bajo amenaza, eso está prohibido toda vez que todo ciudadano cuenta con el privilegio de la no autoincriminación y puede abstenerse de proporcionar información cuando es amenazado o coercionado, vulnerándose el principio de presunción de inocencia.
Es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, pero para eso deben concurrir dos elementos esenciales: que exista causa probable y una búsqueda razonable de un ilícito penal, por lo que se viola las pautas del due process of law cuando se formula denuncia penal o se apertura investigación preliminar sin antes haberse determinado el injusto jurídico tributario.
Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el particular que si bien el Ministerio Público tiene la facultad de investigar, reconocida por la Constitución Política, esta debe realizarse de manera regular, no puede amenazar los derechos de cualquier ciudadano a la libertad personal, al debido proceso y debe cumplirse con los principios de interdicción de la arbitrariedad (Exp. Nro. 06079-2008-PHC/TC del 6 de noviembre 2009).
Asimismo, se requiere la existencia de elementos probatorios básicos para el inicio de la investigación judicial y se prohíbe actividades caprichosas, vagas, infundadas, desde una perspectiva jurídica, así como decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad, contrarias a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica.
Esta situación lo tiene al fiscal estresado, malhumorado, más aun que el denunciado le ha presentado un hábeas corpus preventivo porque ha pasado nueve meses, vulnerando el plazo razonable, y paralelamente lo ha quejado y lo ha denunciado por el presunto delito de prevaricato y abuso de autoridad.
Sus asistentes, las veces que acuden a su despacho, lo escuchan rumiar y lamentar su mala suerte, pero se dan cuenta que su terquedad y temor al congresista "Repartija" lo ciega y lo mantiene obcecado, por lo que no dará su brazo a torcer ya que está empecinado en sí o sí construir un crimen, así tenga que mover cielo y tierra.
Lo que está haciendo el fiscal denunciado es construir un caso criminal abusando de las facultades que le otorga la ley. Mientras tanto, el tiempo avanza de manera inexorable y el fiscal sabe que un ciudadano no puede estar eternamente investigado sin una causa probable ya que tarde o temprano tendrá que tomar una decisión.
Así que se espera que su sesuda investigación preliminar no se extienda hasta las calendas griegas.
Foto: Difusión.
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Que opina usted? Todo lo que debes saber sobre la ley que hace que… ¿policías y militares puedan dispararte sin roche? - 15/01/2014 11:58:15

"El lunes, Ollanta promulgó la ley 30151 propuesta por el congresista fujimorista Pedro Spadaro. En esta nota de Espacio360 explican clarito cual es la modificación:
La norma modifica el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, el mismo que decía que "Está exento de responsabilidad penal, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte".
La reciente ley publicada hace un pequeño, pero significativo, cambio y dice: "Está exento de responsabilidad penal, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte".
¿Es un peligro esta pequeña pero significativa modificación? Aquí te vamos a explicar de manera sencilla las dos posturas, para que salgas todo un erudito en el tema.
Tú, cuando termines de leer este post.
A FAVOR
Los mejores argumentos que intentan calmar las aguas en torno a esta modificación los tiene La Ley. Ellos explican que simplemente se han ampliado los medios por los que policías y militares pueden cumplir sus funciones:
De esta forma, además de las armas de las cuales dispone según el reglamento, los miembros de estas instituciones podrán utilizar otras no previstas u ocasionales, siempre que esto se produzca en el marco del cumplimiento de sus funciones.
Es decir, según expone La Ley, esta modificación es una respuesta al escenario actual en el que, por falta de recursos, muchos policías tienen que comprar por su cuenta armas no registradas como propiedad del Estado, para poder cumplir con sus labores.
Además, la modificación permitirá utilizar (ante una situación de peligro y sin responsabilidad penal) otros objetos, al no contar en ese momento con su arma reglamentaria.
Como Clive Owen y su zanahoria en Shoot Em Up
El congresista fujimorista Pedro Spadaro, uno de los autores de la iniciativa, ha explicado a El Comercio que esta modificación recoge iniciativas internacionales:
""El proyecto lo presentamos en el mes de septiembre del 2011 y desde esa época, hasta el día de su aprobación, hemos recogido una serie de iniciativas de organismos como las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos""
Nuestro redactor después de que un congresista fujimorista dijera que utilizó iniciativas de la CIDH.
Según explico a Perú21, el General PNP (R) Eduardo Pérez Rocha, exjefe de la Policía, la norma es positiva porque los efectivos policiales ya no se sentirán limitados al momento de intervenir cuando ocurra un hecho delictivo.
Y calmó a los que creen que esta modificación dará carta blanca a los policías para matar:
"Cabe precisar que (el policía o militar) solo está exceptuado ,de no ser procesado judicialmente, cuando use la fuerza letal frente al presunto delincuente, que esté poniendo en riesgo la vida del efectivo y de otras personas. No se aplica en casos que, por impericia o negligencia, hiera o cause el fallecimiento de un inocente"
El exministro del Interior y general (r) de la Policía, Remigio Hernani dio argumentos similares:
""la norma no dice que ya no habrá una investigación al policía que mata a una persona. Sí la va a haber y esta va a determinar si fue en legítima defensa de su vida y la de otras. De comprobar el fiscal esto, con seguridad se va a aplicar esta ley que se ha promulgado. Hay que precisar que los policías actúan de acuerdo a ley y si se salen de los parámetros pueden ser enjuiciados como cualquier otra persona"".

EN CONTRA
Los mejores argumentos en contra los tienen la Defensoría del Pueblo y el IDL.
Para la Defensoría del Pueblo esta modificación es contraproducente, porque:
""...elimina el enunciado de la norma anterior que obligaba al personal policial y militar a usar las armas de acuerdo con sus reglamentos, y adiciona la posibilidad de que se utilice no solo las armas reglamentarias sino cualquier otro medio para tal fin""
He ahí el meollo del asunto: como explican en La República, la eliminación de la frase ""en forma reglamentaria"" admite tácitamente que policías y militares podrán usar sus armas a libre albedrío.
Según indicaron analistas a La República, 139 policías y militares que causaron lesiones y muertes por usar antirreglamentariamente sus armas de fuego podrían quedar impunes. Foto: La República
Para Carlos Rivera de IDL, esta modificación era innecesaria porque el Código Penal ya establecía como proceder en estos casos; favoreciendo la impunidad.
Junto a Roger Ponce, Jorge Levaggi y Cézar bazán, doctores del IDL, señalaron que en la práctica lo que se está aprobando es otorgar a los policías y militantes licencia para matar:
""...vulnera derechos constitucionales o convencionales, como el deber de investigar y sancionar a responsables de violaciones de derecho humanos y el derecho a la igualdad (si un civil mata o hiere será procesado, mientras que un policía no lo será). Y hasta puede generar incentivos perversos para vulnerar el derecho a la vida y la integridad personal de los ciudadanos"".
Para el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, lo que esta modificación ocasiona es un tratamiento desigual; porque un civil no está protegido por esta norma mientras un policía o militar fuera de servicio podrían usar sus armas bajo esa ley.
Nueva ley abusiva. Si un civil se enfrenta a delincuentes afronta proceso penal http://t.co/lMtXq6Nzan
Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) January 14, 2014
Además, aseguró a Perú21, que ahora los efectivos policiales y militares que maten o hieran a alguien, fuera de servicio y sin su arma de reglamento, no serán procesados judicialmente.
Es falso q ley defienda a militares y policías de juicios, eso ya existía, la diferencia es que ahora los exonera incluso fuera de servicio
Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) January 14, 2014
En conclusión
Quizás todo podría solucionarse si se mantiene la posibilidad de que los policías y militares puedan usar cualquier arma, pero devolviéndose el ""en forma reglamentaria"" que estaba antes. Mejor ustedes saquen sus propias conclusiones y déjenlas en los comentarios.
Por cierto, el que ya concluyó que todo está mal es el mismísimo ministro del Interior. Acaba de salir a reconocer que no era conveniente esta última modificación. ¿O sea que el ministro Albán no sabía nada de nada de una ley aprobada con mayoría oficialista? ¿Y sale a oponerse alegremente? Esperemos que Humala no esté buscando su arma de reglamento.

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Noticia, CASO NARCOINDULTOS: LA DENUNCIA DE MONICA VECCO - 25/10/2013 8:15:25

" Ayer, Desde el Tercer Piso recibió de una fuente un documento bomba: la denuncia de la periodista Mónica Vecco contra Carlos Butrón Dos Santos "Brasil", Mauricio Mulder, Jorge Del Castillo, sus colegas Rossana Cueva y Fernando Viaña y quienes resulten responsables. ¿El motivo de la denuncia? El reportaje difundido el último domingo sobre el cambio de versión de "Brasil" en relación al caso de los narcoindultos, uno de los que más pesan en el futuro político de Alan García y, oído a la música, una intromisión en sus correos electrónicos.
El documento de 24 páginas, enviado al jefe del área de delitos informáticos de la Policía Nacional del Perú, es suscrito por su abogado, Santos Silva Sernaqué. Vecco confirma en este documento que laboró en la Megacomisión que investiga a Alan García entre enero de 2012 y mayo de 2013. La periodista indica que, luego de dejar sus labores en el grupo de trabajo presidido por Sergio Tejada, se ha dedicado a diversas labores profesionales y académicas, tanto en el sector público como en el privado.
La periodista narra la existencia de una campaña en su contra, la que no se inició con el reportaje, sino poco antes de un mes de la aparición del reportaje en Panorama. En el punto 3 de los fundamentos de hecho, se señala que:
el sábado 07 de setiembre de este año, apareció en RPP el congresista aprista Mauricio Mulder, denunciando al congresista Sergio Tejada por la filtración a la prensa de un informe preliminar referido al caso BTR, donde me implica abiertamente en los siguientes términos: "Tejada los reparte a la prensa a través de su asesora de prensa Mónica Vecco". Al día siguiente el diario El Comercio, volvió a reproducir la misma declaración (p. A10, del 08 de setiembre). Dos días después mandé una carta aclaratoria a dicho diario, señalando que dejé de trabajar en la Megacomisión, en el Área de verificación de datos (y no como asesora de prensa de Tejada) desde el 17 de mayo pasado.
Según indica Vecco, la rectificación requerida al diario en cuestión no fue publicada.
La extrabajadora de la Megacomisión narra que el 24 de septiembre le llegó a su Facebook una solicitud de amistad de un tal "Nacimiento dos Santos". También aclara en el documento que nunca trabajó en el caso Narcoindultos y que tampoco tuvo a su cargo la verificación de información vinculada al mismo. Vecco señala que aceptó la invitación de Butrón Dos Santos en Facebook con fines periodísticos, específicamente, averiguar sobre los motivos de su fuga.
Como sabemos, "Brasil" fugó sin poderse acoger al beneficio de la colaboración eficaz y actualmente es procesado por complicidad en el otorgamiento de conmutaciones a sentenciados por narcotráfico, a cambio de la recepción de dinero.
Volviendo a Vecco, la periodista menciona como otro elemento de la campaña en su contra un titular aparecido en El Diario de Hoy el día 3 de octubre. El Diario de Hoy pertenece, como varios sabemos, al excongresista Wilder Calderón y al parlamentario Mauricio Mulder. Para ella, el objetivo de la campaña era el siguiente:
¿Cuál era el objetivo de todas estas burdas y tontas falsedades? Era obvio que se estaba preparando un gran operativo cuyos alcances aún no conocemos, que apuntaba y apunta ,ahora lo sabemos por la prensa- a desacreditar las investigaciones de la Megacomisión, tumbarse al congresista Sergio Tejada, al Procurador Julio Arbizú, al Fiscal Anticorrupción José Antonio Maldonado e intimidar a los periodistas de investigación de diarios como Diario 16, La República, Caretas, etcétera y de programas de TV como Cuarto Poder de América Televisión y del Programa en ATV Canal 9 TV, RML, que dirige el periodista Augusto Alvarez Ródrich, que venían y vienen realizando importantísimas contribuciones en sus propias investigaciones y denuncias contra la corrupción. Resultó evidente que se pretendía y pretende escarmentar con mi cabeza lo que les podría pasar si continuan su trabajo de investigación y denuncia.
En realidad, al fiscal a quien alude es a Walter Delgado. Y el operativo para bajárselo comenzó ayer y continúa hoy.
A continuación, Vecco reseña cómo contactó a "Brasil", por primera vez, el 3 de octubre. El propio prófugo de la justicia, admite, en estas comunicaciones electrónicas, que no conoce mucho a la periodista. Este dato es clave, pues la denuncia del domingo pasado apuntaba a señalarla como una persona con mucho contacto con el testigo - procesado en el caso narcoindultos, a quien incluso lo habría ayudado a escapar.
Un correo clave en la versión de Brasil fue enviado el 10 de octubre, luego que Vecco le recomendara entregarse a la justicia. La periodista menciona que:
me expresó un argumento para no seguir mi consejo: "…lo único que te digo es que si no ratifico lo dicho ante el juez todos los presos salen y no ocurre nada… pero si me presento no tengo ninguna garantía, porque estoy con orden de captura internacional… desaparecer para siempre, para mi es fácil porque no soy un grande, ni cara conocida, sólo en Lima… no sé de qué manera me ayudarías". Y para coronar su conclusión me dice: "pero no tendrías que comentar con nadie, ya estoy con decisiones tomadas". No obstante, desliza a su manera las motivaciones de su decisión: "huir no es bueno… pero el peligro radica también en el comando que el APRA organizó para que me cazen…".
Vecco indicó que prefería comunicarse con Butrón en forma menos frágil, debido a que el correo electrónico era fácil de interceptar. Y luego:
Me respondió el 14 de octubre, prometiéndome que sería por Celular o Skype y me lanza un anuncio que me dejo preocupada: "quédate alerta, se viene algo grande, muy grande". Intento insistir, esperando alguna respuesta favorable, pero ya no me respondió. El día sábado 19 de octubre, a las nueve de la mañana me llamó Rosana Cueva de Panorama, para comunicarme que tenía en sus poder los correos que yo había intercambiado con Butrón Dos Santos, le pedí que no los hiciera públicos porque podría poner en peligro mi vida, ya que esas comunicación se había dado dentro del más estricto secreto profesional de los periodistas de investigación.
Vecco luego narra los hechos ya conocidos: la imputación de Mulder sobre supuesta colaboración en su fuga y la posterior denuncia de Jorge del Castillo, presentada el lunes pasado, contra ella, Sergio Tejada y otras personas.
Pero lo más importante es lo que señala la periodista en el punto 16 de su denuncia, cuando se enteró que sus correos formarían parte de un reportaje:
d. La agraviada, al pretender verificar los referidos correos, el día sábado 19 de octubre del 2013, éstos habían sido borrados por un intruso y posteriormente fueron recuperados por un técnico, a través de un iphone enlazado.
e. En la dirección electrónica mvecco@hotmail.com que la agraviada tiene como correo alterno, la bandeja de entrada también estaba totalmente vacía, lo que evidencia una intrusión en ambos correos, la misma que se confirmó el jueves 24, pues la alerta de google activada un día antes, lanzó el siguiente mensaje: "Has ingresado la contraseña incorrecta o tu cuenta ha cambiado. Vuelve a ingresar la contraseña", sin que la propietaria haya ingresado a su cuenta. La contraseña había sido cambiada un día antes.
f. El medio de intrusión según opinión técnica-informática preliminar se habría producido a través de la dirección electrónica mikedo59@hotmail.com.
g. Por los argumentos expuestos solicitamos que se levante el secreto de las comunicaciones de la dirección electrónica mikedo59@hotmail.com, y se haga una investigación minuciosa para conocer quién o quiénes están detrás de este delito.
La denuncia de Vecco se presenta horas después que el periodista Daniel Yovera diera a conocer, en el programa de Augusto Álvarez Rodrich, la versión de un abogado de un colaborador eficaz en el caso narcoindultos, quien señala que recibió ofertas económicas de allegados al exministro Aurelio Pastor para que varíe su versión. Cuatro colaboradores eficaces han declarado en este caso.
Sin duda, nos encontramos ante hechos que requieren una investigación exhaustiva, tanto por aclarar hasta donde llegó la cadena de mando de los narcoindultos, como para establecer por qué se pretende desacreditar a las personas que han trabajado o trabajan en la Megacomisión o se encuentran vinculadas a investigaciones sobre graves hechos de corrupción acontecidas en el gobierno pasado. El país merece saber porque existen personajes que no quieren que se arribe a la verdad en este caso.
(Foto: La República)
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Noticia, Aparecen pruebas borradas de caso BTR: Investigación a Alan García - 08/09/2013 14:47:00

"Durante el proceso de investigación de los llamados Petroaudios, suites de Canaan (en alusión al empresario dominicano Fortunato Canaan) y la empresa BTR, mucho se comentó el hecho que, con la colaboración directa de la Policía Nacional del Perú, se procedió a borrar una serie de pruebas que podrían comprometer a funcionarios, ministros y congresistas que sí visitaron al empresario Fortunato Canaan en su suite del Hotel Country Club, pero que, al haber sido borradas las pruebas nunca fueron de conocimiento de la opinión pública.
Sin embargo, al aparecer estas pruebas en la investigación que viene haciendo la Megacomisión que preside el congresista Tejada, se vuelve a poner en el escenario el papel que realmente jugó el expresidente Alan García en este caso. En buena hora que reaparezca. El Perú requiere saber el nivel real de corrupción al cual se llegó durante el gobierno aprista.
Las pruebas borradas del caso BTR reaparecen en investigación del Congreso
Esperemos que el mismo sector de la prensa que tanta cobertura le da al caso Ecoteva, en el cual es protagonista el expresidente Toledo, le brinde la misma o mayor cobertura al caso BTR en el cual los fondos son públicos, se trata de miles de millones en juego y compromete directamente al expresidente Alan García.
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Es Noticia, Notas de actualidad. - 14/06/2013 18:09:36

" El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú estará exento de responsabilidad penal cuando cause lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, conforme lo dispone un proyecto de ley aprobado esta mañana por el Congreso de la República.
Con tal finalidad, la propuesta legislativa, presentada por los grupos parlamentarios Fujimorista (GPF) y Nacionalista Gana Perú (NGP), dictaminada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y sustentada por la presidenta de esta, Marísol Pérez Tello (APGC), dispone modificar el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal, referido al uso de armas u otro medio de defensa.
En la sustentación de la propuesta la congresista refirió que se trata de dotar a los miembros de los institutos armados y policiales de mecanismos que puedan utilizar en legítima defensa propia y de terceros.
El dictamen, aprobado con el voto a favor de 77 congresistas y un solo voto en contra, es el primero de cuatro proyectos destinados a contrarrestar la inseguridad ciudadana que figuran en la agenda legislativa de hoy, miércoles 12, que incluye dos proyectos pendientes de segunda votación sobre el mismo tema.
El proyecto quedó expedito para su promulgación al ser exonerado del requisito de segunda votación, con 74 votos a favor y cinco en contra.
Otros proyectos
El segundo proyecto propone crear y regular el beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplen pena privativa de libertad y modificar diversos artículos de la Ley de Extranjería (DL 703).
También figura una propuesta de modificación de los códigos Penal, Procesal Penal, de Ejecución Penal y de los Niños y Adolescentes con la finalidad de crear el registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana; y una iniciativa para fortalecer las normas de protección de la identidad del denunciante en el ámbito de la criminalidad organizada.
La agenda considera someter a segunda votación los proyectos aprobados en primera votación, uno de los cuales incorpora el artículo 108-A al Código Penal y modifica los artículos 107, 46-b y 46-C del Código Penal, y el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio; y el que incorpora el artículo 279-G al Código Penal, que regula la tenencia de armas blancas en espacios públicos.
Luego de una ajustada votación, será el Pleno del Congreso el que decida el futuro de la moción de orden del día que solicitó la Comisión de Fiscalización para iniciar la investigación -con facultades de comisión investigadora- de las adquisiciones inmobiliarias y la formación de una empresa en Costa Rica (Ecoteva) realizadas por la suegra del expresidente de la República, Alejandro Toledo.
Previamente a esta votación, el congresista Mauricio Mulder (CP) propuso una cuestión de orden en la sesión del Pleno del miércoles 12, para que sea esta máxima instancia, y no el Comité Directivo del Congreso, el que otorgue las facultades de comisión investigadora. El pedido se aprobó con 48 votos a favor, 46 en contra y siete abstenciones. Un día antes, el CD votó en contra de la moción con el apoyo de congresistas nacionalistas, de AP-FA y de Perú Posible.
Sin embargo, en la sesión matinal de hoy, Mulder Bedoya pidió que se dé a conocer el acuerdo del CD de no conceder la solicitada facultad investigadora. Este fue el inicio de un debate que sobrepasó las dos horas durante las cuales los congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre la procedencia o no del Congreso de investigar a un expresidente de la República a quien no le compete (por extemporánea) la acusación constitucional, porque se trata, según dijo el congresista Yonhy Lescano, de un ciudadano común.
La bancada fujimorista, representada entre otros por los congresistas Luz Salgado, Martha Chávez y Julio Gagó (GPF), Gustavo Rondón (SN, presidente de la Comisión de Fiscalización), entre otros, se pronunciaron a favor de la investigación. "No es posible que se cierre filas creyendo que se le esté haciendo un bien a un partido político…el pueblo pide la máxima transparencia…la asamblea está pidiendo que se investigue al expresidente", manifestaron.
Marisol Pérez Tello (APGC) afirmó que "lo acontecido no es extraño" y que no se sentía representada por el congresista y portavoz de su bancada, Enrique Wong. Pidió que se investigue en beneficio de la democracia en el país. Igual posición tuvo Yehude Simon (APGC), quien dijo que por el bien del Congreso y del país, Alejandro Toledo debería someterse a una investigación al margen de la que realiza el Ministerio Público. "Es un tema político y está en juego la clase política. Ha habido mucha mentira de por medio", remarcó.
A su vez, Lourdes Alcorta, de la misma agrupación, expresó que "por el bien de Toledo, de su bancada y la democracia, lo correcto es que se someta a una investigación".
Durante el debate, el congresista Mesías Guevara (GPPP) dijo en el Pleno que en la sesión del CD se presentaron dos mociones: una, para que se investigara al expresidente Toledo, y la segunda para que se hiciera lo mismo con Keiko Fujimori, quien vive en la casa de su tía Rosa Fujimori. Opinó que, lamentablemente, la Comisión de Fiscalización no tiene capacidad ni atribuciones para investigar y que por eso se propuso la conformación de una "comisión de alto nivel". Por ello, se opuso a que se investigase al jefe de Perú Posible.
Más adelante, el congresista Enrique Wong (APGC) aclaró que su posición de votar en contra de las facultades de investigación era una posición personal porque el caso de Alejandro Toledo ,la compra de inmuebles por cantidades millonarias- se estaba investigando en el Ministerio Público.
Esta fue también la posición de los legisladores de Perú Posible y de Gana Perú. Jorge Rimarachín (AP-FA) pidió que "se investigue a todos" por corrupción, y se les juzgue con la misma vara tanto a Toledo, como a Keiko Fujimori y Alan García.
Rimarachín y Mariano Portugal (PP) recordaron que la moción presentada para iniciar las investigaciones tenía notorios vicios de procedimiento desde su votación (8 de mayo) en la Comisión de Fiscalización, porque en esa sesión se permitió y validó la votación del congresista accesitario Pedro Spadaro (GPF), cuando estaba presente el titular. Por ello, en la sesión posterior de la comisión (15 de mayo) no se aprobó el acta y reconsideró la votación anterior. Una semana después, Toledo acudiría a la sesión de este grupo legislativo para hacer sus descargos.
Antes de que el vicepresidente Marco Falconí dispusiera la votación de la cuestión de orden, el congresista oficialista Rennán Espinoza propuso una cuestión de orden señalando que no se estaba siguiendo el Reglamento del Congreso ni los procedimientos y propuso que se convocase a una Junta de Portavoces. Su pedido no prosperó.
Finalmente se puso al voto la propuesta del congresista Mauricio Mulder. La sesión se suspendió a las 2:10 pm y se reiniciará a las 5 de la tarde en que se espera la presencia de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, para informar sobre las medidas tomadas para el cumplimiento de la Ley de Personas Adultas Mayores.
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