Que opina? PRONUNCIAMIENTO: A CINCO AÑOS DEL BAGUAZO - 05/06/2014 12:31:05
" PRONUNCIAMIENTOA CINCO AÑOS DEL "BAGUAZO"
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), colectivo de 81 instituciones que trabajan en todo el Perú por la promoción y defensa de los derechos fundamentales, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:
1. Hoy 5 de junio se cumplen cinco años de los lamentables sucesos en Bagua, que cobraron la vida de 33 peruanos, además de un desaparecido y más de 200 heridos, 80 de ellos por armas de fuego. Hasta la fecha no se ha hecho justicia identificando y castigando a los responsables.
2. Si bien el pasado 14 de mayo del presente año se dio inicio al juicio oral sobre los hechos de la "Curva del Diablo", la Fiscalía no ha logrado presentar pruebas de que los 53 procesados (entre dirigentes, indígenas y mestizos) hayan cometido los delitos que se les impugnan, pidiéndose además penas que llegan hasta la cadena perpetua para Alberto Pizango, para el apu Santiago Manuin entre otras personas. Sobre esta situación, cabe resaltar la respuesta firme de los acusados: "No aceptamos los delitos por los cuales se nos acusa y nos declaramos inocentes".
3. Resulta de gran contundencia, además, lo que ha señalado el Instituto de Defensa Legal (IDL), uno de las instituciones encargadas de la defensa: "Del total de acusados intervenidos en el 2009, ninguno presentó resultados positivos en las pericias de absorción atómica; lo que indica que jamás dispararon. Y según los certificados de necropsia realizados, la causa de la muerte de los policías fue, en su mayoría, por proyectiles de armas de fuego".
4. Por otro lado, resulta positivo que, si bien ausentes al inicio del proceso, se halla eventualmente facilitado intérpretes de las lenguas "awajún" y "wampís" para que los acusados puedan brindar sus declaraciones en sus respectivas lenguas.
5. Se desprende de las declaraciones de los acusados que muchos de ellos fueron intervenidos de forma irregular por miembros de la policía nacional, siendo objeto de golpizas, vulneración del derecho a la defensa, e inclusive habrían sido intervenidos simplemente porque "pasaban por el lugar".
6. Rechazamos el maltrato que se viene infringiendo contra el indígena Dany López Shawit, por encontrarse privado de su libertad hace cinco años en la ciudad de Bagua, los últimos dos en "arresto domiciliario". En realidad se le ha retirado de su comunidad de origen, donde se encuentra su real domicilio, causando graves problemas psicológicos y económicos a él y su familia.
7. Nos adherimos al llamado de la Defensoría del Pueblo para que este proceso se desarrolle con la celeridad y consideración requerida para un juicio de esta magnitud, que implica el penoso desplazamiento de decenas de personas con los gastos subsecuentes.
8. Lamentamos que entre los siete procesos judiciales abiertos por los hechos, ninguno esté investigando a quienes, desde el Gobierno central, ordenaron el operativo de desalojo con armas de guerra cuando se sabía que los protestantes habían aceptado abandonar el lugar. Nos referimos a Alan García Pérez, Yehude Simon y a Mercedes Cabanillas. Consideramos desacertado que el tribunal se haya negado inclusive a que las mencionadas ex autoridades participen siquiera como testigos, argumentando que no se encontraban en el lugar de los hechos.
Demandamos al Poder Judicial desarrollar este proceso teniendo en consideración las diferencias culturales, garantizando que la cosmovisión y la cultura de los procesados sean respetadas.
La nación peruana tiene aún una gran deuda con las diversas etnias y pueblos indígenas, esta herida que aún no se cierra es la huella más dolorosa del ninguneo y discriminación entre peruanos.
Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Lima, 5 de junio de 2014
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Interesante, Vargas Llosa dice que Perú puede "salir de la barbarie" con Unión Civil - 20/04/2014 11:24:18
" El escritor Mario Vargas Llosa dijo que Perú tiene la oportunidad de alejarse de la "barbarie" de la homofobia con la aprobación del proyecto legislativo de la Unión Civil entre personas del mismo sexo, en una columna de opinión publicada hoy en el diario La República."De ese modo, el Perú sería el sexto país latinoamericano y el 61 en el mundo en reconocer legalmente el derecho de los homosexuales de vivir en pareja, constituyendo una institución civil equivalente (aunque no idéntica) al matrimonio", afirmó Vargas Llosa.
Según el autor de "Conversación en La Catedral", los homosexuales en el país han sido perseguidos de forma "cruel e inhumana" por su condición, e incluso comparó esta situación con la que promueve el "racismo nazi".
"El Perú comenzará a desagraviar a muchos millones de peruanos que, a lo largo de su historia, por ser homosexuales fueron escarnecidos y vilipendiados hasta extremos indescriptibles, encarcelados, despojados de sus derechos más elementales, expulsados de sus trabajos, sometidos a discriminación y a acoso en su vida profesional y privada y presentados como anormales y degenerados", expresó.
Vargas Llosa criticó la actitud de la iglesia católica, donde el cardenal Juan Luis Cipriani, propuso un referéndum para debatir el tema de la Unión Civil, y en el que la Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que señaló que la homosexualidad "atenta contra la dignidad humana".
"Creer que lo normal es ser heterosexual y que los homosexuales son anormales es una creencia prejuiciosa, desmentida por la ciencia y por el sentido común, y que sólo orienta la legislación discriminatoria en países atrasados e incultos, donde el fanatismo religioso y el machismo son fuente de atropellos y de la desgracia y sufrimiento de innumerables ciudadanos cuyo único delito es pertenecer a una minoría", opinó.
El Premio Nobel de Literatura mencionó que la iniciativa de la Unión Civil cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, y que además, los principales partidos políticos parecen mostrarse favorables a ella.
Según Vargas Llosa, de aprobarse este proyecto no se alterará la vida común y corriente de los otros, "como ha ocurrido en todos (todos, sin excepción) los países que han autorizado las uniones civiles o los matrimonios entre parejas del mismo sexo".
"Yo tengo la esperanza de que, contra lo que dicen ciertas encuestas, la ley de la Unión Civil, por la que se acaban de manifestar en las calles de Lima tantos millares de jóvenes y adultos, será aprobada y el Perú habrá avanzado algo más hacia esa sociedad libre, diversa, culta- desbarbarizada- que, estoy seguro, es el sueño que alienta la mayoría de peruanos", puntualizó Vargas Llosa.
Documentos adjuntos:Desconocido
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Que opina usted? La Ley de Consulta Previa y la voz de los indígenas - 28/08/2011 10:26:30
" La Ley de Consulta Previa podría dilatar la ejecución de al menos 100 proyectos de inversión por un valor de 51 mil millones de dólares. A decir de los economistas, estas inversiones resultan imprescindibles para mantener el crecimiento económico. Pero ahora necesitan la luz verde de las comunidades. El proyecto Inambari, por ejemplo, no cuenta con el consentimiento de las poblaciones afectadas. Parece claro que si el gobierno no quiere encontrarse con otro Baguazo en el camino deberá hilar bastante fino.Por Flor Huilca
La Central Hidroeléctrica de Inambari es un proyecto gigantesco tanto por la dimensión de las obras que incluye como por su impacto sobre la vida y la economía de quienes viven en el área que se proyecta intervenir. Para su ejecución será necesario desplazar a 8 mil lugareños y la inundación de 100 kilómetros de carretera y 41 mil hectáreas de cultivo. Este alto costo social explica la férrea oposición de las organizaciones sociales y nativas de Cusco, Puno y Madre de Dios, las regiones directamente afectadas por el proyecto. Con la Ley de Consulta Previa aprobada el martes último en el Congreso la respuesta seguirá siendo la misma: "No". Con la diferencia de que ahora ese "No" sí tendrá que ser tomado en cuenta.
Este proyecto impulsado por empresas brasileñas, país aliado del nuevo gobierno, será una prueba de fuego no solo para la Ley de Consulta Previa que aún debe ser promulgada por el presidente Humala, sino también para la política de inversiones del Estado, que tiene una cartera abultada ,y millonaria, de proyectos.
Solo en el sector minería hay 43 proyectos de inversión que requieren ser sometidos a las nuevas reglas de juego de la Ley de Consulta Previa, mientras que en Proinversión la lista llega a 54. En total estamos hablando de una inversión de 51.944 millones de dólares, más del doble de las inversiones mineras que tuvo el país en los últimos 15 años. No hay que olvidar, además, que para este año se estima que el Perú captará el 38% de las inversiones chinas, principalmente en minería, sector con el cual se ha negociado un impuesto a las sobreganancias.
¿Podrá la Ley de Consulta Previa alcanzar un equilibrio entre las inversiones y los derechos de los pueblos indígenas? La norma es un paso importante pero no genera confianza en el sector minero, que ha advertido una demora de sus inversiones y ha mostrado preocupación porque las comunidades también tendrán decisión en proyectos de alcance regional y nacional.
Para las organizaciones indígenas se trata del reconocimiento de sus derechos y de una oportunidad para que las inversiones cuenten con licencia social.
Juan Coricepa, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Madre de Dios (Fenamad), asegura que no se oponen a las inversiones sino al impacto social y medio ambiental que suele acompañar a las actividades extractivas. El proyecto Inambari, dicen, es una muestra de ello. En las zonas aledañas al proyecto hay siete comunidades nativas cuyos territorios sentirán la presión de los pobladores que se quedarán sin tierras por la inundación. "Así como está, en el diálogo la respuesta será contraria a dar un consentimiento", adelanta. La respuesta negativa a dar un consentimiento se repite también en el proyecto hidroenergético Tambo 40, en el río Ene, Junín. Iris Olivera, asesora legal de la Central Ashaninka del Río Ene-Care, dice que el proyecto obligará a un desplazamiento de comunidades nativas que se encuentran en estado de vulnerabilidad porque fueron afectadas por la violencia política.
Prueba de fuego. El proyecto Inambari, en Puno, estaría en las prioridades del nuevo gobierno. La población, sin embargo, se opone a su ejecución.
Cultura de diálogo
Si bien la Ley de Consulta Previa establece que se debe pedir el consentimiento de las comunidades en todos los temas que afecten sus derechos, será en inversiones extractivas donde más se invoque. Según la Defensoría del Pueblo, de los 90 conflictos socioambientales con empresas mineras que tiene registrados, 18 involucran a pueblos indígenas amazónicos. La consulta previa, según la norma aprobada, es un proceso de diálogo que promueve el Estado y que estará orientado a buscar acuerdos que serán de cumplimiento obligatorio entre las partes. Si no se alcanza un acuerdo, el Estado tiene la última palabra y su decisión debe garantizar que no se vulneren los derechos de los indígenas.
El énfasis en el diálogo, a criterio de Rolando Luque Mogrovejo, adjunto de Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, abre posibilidades para lograr una nueva relación entre la comunidad, la empresa y el Estado y, por ende, obliga a un cambio de actitud entre los actores.
"Las empresas que más avanzan son las que han entendido que se debe plantear una relación más inteligente y armoniosa con las comunidades. Las dirigencias tienen que abandonar sus prejuicios y estar mucho más dispuestas a dialogar y comprender la situación económica del Perú en la actualidad", observa.
José López Follegatti, coordinador de Diálogo Minero, destaca que gracias a la Consulta Previa la presencia del Estado en la relación comunidad-empresa ayudará a generar confianza y seguridad jurídica en las empresas.
"Si antes la empresa decía que no iba a haber contaminación, aunque fuera cierto, generaba una natural desconfianza en la comunidad; ahora será el Estado el que deberá demostrar si habrá o no contaminación, allanará ese proceso para las empresas mineras. Hay algunas que tienen hasta seis años buscando el acuerdo y no lo alcanzan; ellos saben que una inversión con la población en contra no es sostenible", dice López Follegatti.
Precisa que el diálogo entre la comunidad y las empresas mineras ha estado marcado tanto por desencuentros como por fructíferos acuerdos. Los casos de acuerdo, asegura, pasan por incorporar a las comunidades en los beneficios de sus actividades. Cita como ejemplo el caso de la comunidad de Mollebamba, en Apurímac, donde la comunidad acordó alquilar sus tierras a la empresa minera para que desarrolle sus actividades. Además, en Carabaya, Puno, una negociación terminó con el acuerdo de entregar el 5% de las utilidades a la comunidad.
López Follegatti considera que la aprobación de la Ley de Consulta Previa es el paso más significativo que ha dado el Congreso en la reforma del Estado, pendiente desde que el país optó por una economía liberal. Complementariamente, sin embargo, se requiere dotar al Estado de un ejército de profesionales para la implementación de los procesos de consulta. Estima que se necesitarán por lo menos 500 expertos, entre ellos en lenguas nativas.
Emma Gómez, subdirectora de la ONG CooperAcción, considera que se requiere garantizar recursos para la implementación de la ley de consulta, dotarla de una reglamentación en la que participen también las organizaciones indígenas y garantizar la rigurosidad de los estudios de impacto ambiental que aprueba el Ministerio de Energía y Minas.
Frente a quienes consideran que este proceso de consulta dilatará el inicio de una inversión, Gómez señala que lo más importante no es la celeridad de las inversiones sino lograr que estas sean sostenibles. Si bien hay empresas pioneras en establecer mecanismos de responsabilidad social con el entorno, Gómez advierte que estos casos no son una regla general. Las empresas, asegura, deberían cumplir con los estándares de calidad en el manejo del medio ambiente.
La afectación al medio ambiente es el cuestionamiento que más aflora en los conflictos mineros. Este reclamo encuentra respaldo en los seis mil pasivos ambientales que maneja el Fondo Nacional del Ambiente. De todos ellos, cinco mil fueron provocados por empresas privadas, de los cuales la mitad tienen, con esos antecedentes, proyectos mineros en otras zonas.
Por unanimidad
La Ley de Consulta Previa logró el consenso de todas las bancadas para su aprobación en el Congreso. Alcanzó 103 votos a favor y ninguno en contra, a pesar de un intenso debate en el cual el fujimorismo intentó eliminar de los alcances de la consulta los proyectos de impacto regional y nacional. Se presentaron cinco proyectos de ley (tres del nacionalismo) pero finalmente se impuso el proyecto consensuado por las comunidades indígenas que fue aprobado por el anterior Congreso y observado por Alan García. Ahora falta la promulgación del presidente Ollanta Humala.
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