Que opina usted? Fallo para traslado de terroristas fue defendido por jueces - 21/03/2014 17:46:04
"Defendieron la sentencia que ordenó el traslado de cuatro líderes terroristas recluidos en la Base Naval hacia otro penal del país, los magistrados Óscar Sumar Calmet y Julio Biaggi Gómez, titulares de la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima.Justificación. Porque la Defensoría del Pueblo ya no es parte del consejo directivo del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval (Cerec), ello implica que no hay un organismo constitucional que vele por los derechos fundamentales de los condenados por terrorismo, mencionó Óscar Sumar Calmet.
"Hay un oficio del 2004 entregado por el actual ministro del Interior, Albán, (entonces defensor del Pueblo) donde le dice al ministro de Justicia que como este ente constitucional no puede estar viendo el día a día del Cerec; por lo tanto, le dicen que no hicieron ninguna actividad para ver si se estaban cumplimiento o no con el trato hacia los señores terroristas", increpó el titular de la Quinta Sala Penal.
Asimismo, los sentenciados fueron desprovistos de sus derechos elementales cuando el ex presidente Alan García dictó una ley en el 2009 "que dice que los terroristas no tiene derecho a régimen penitenciario favorable alguno, es decir, trabaja, estudia, pero tú no tienes derecho a absolutamente nada", subrayó Óscar Sumar Calmet.
Acerca del jefe del Inpe, "se pasea como Pedro en su casa por los medios de comunicación y dice cosas tan tremendas como que puede ser revocada esta resolución, si tiene un recurso constitucional es porque apela a la memoria frágil y que la gente común y corriente no conoce la ley y si él (Pérez Guadalupe) no sabe lo que estamos diciendo, que aprenda porque está para aprender", aseveró el magistrado.
Se defiende. Ante las declaraciones de los jueces, prefiero que la discusión sobre el fallo que ordena el traslado de los terroristas se mantenga dentro de los parámetros jurídicos y no en ataques personales, señaló el titular del Inpe, José Luis Pérez Guadalupe.
"Todos tenemos derecho a discrepar de las sentencias judiciales, más aun si es que ha habido 25 hábeas corpus que se han declarados infundados, yo lo veo con un ánimo un poco mesiánico al señor (juez Óscar Sumar), al pretender que todos están equivocados salvo él", indicó el titular del Inpe.
Foto: Difusión.
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Que opina? CUBILETEO DE PUESTOS (BCR, DEFENSORIA, TC) - 05/07/2013 10:10:19
" El viernes pasado, comentamos en este mismo espacio tanto los peligros del cuoteo elevado a arte de institución para la elección del Defensor del Pueblo, 6 magistrados del Tribunal Constitucional y 3 directores del Banco Central de Reserva. Asimismo, analizamos aquí la primera lista de postulantes a estos cargos, a partir de la trayectoria de cada candidato.Durante las últimas horas se han producido algunas novedades. Mejor dicho, tres declinaciones. Marcos Ibazeta y Pedro Cateriano ya no postularán al TC, mientras que Fausto Alvarado dejará de ser el candidato para la Defensoría del Pueblo. Sobre estos tres nombres, señalan los periodistas que cubren habitualmente las labores del Congreso de la República, reposaban los entrampamientos.
En esa línea, Perú.21 hoy señala la conformación de una nueva lista, que presentamos a continuación, con las trayectorias de cada uno de ellos. Comencemos por donde parecen haberse concentrado los mejores nombres
BANCO CENTRAL DE RESERVA
Francisco Gonzales: Banquero de larga trayectoria y exministro de Agricultura en el gobierno de Alejandro Toledo. Su experiencia en el rubro es la que impulsa su postulación. Ha sido el sobreviviente de todas las listas de candidatos de los últimos dos años.
Drago Kisic: Conocido economista, socio de Macroconsult. Fue en la plancha presidencial de Lourdes Flores en 2001, apoyó a Alberto Andrade en 2006 y, en la última elección, su micropartido Todos Por el Perú apoyó el plan de gobierno de Luis Castañeda Lossio. Es director de varias empresas y ha sido burócrata en el BCR. Su elección reúne también consenso.
Gustavo Yamada: Un nombre sorpresivo, pero cuya trayectoria lo pone en buen pie para el puesto. Decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Doctor en Economía por la Universidad de Columbia (EE.UU.). Ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene varias investigaciones sobre empleo y pobreza. Fue viceministro de Trabajo.
Con esta terna, Julio Velarde puede respirar tranquilo, ahora veamos las cosas en el Tribunal Constitucional, donde hay de todo, como en botica.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Se mantienen de la lista anterior:
Cayo Galindo: Abogado y excongresista nacionalista por Apurímac. Postuló sin éxito a la reelección. Actualmente trabaja, según Hildebrandt en sus Trece, como parte del Módulo de Apoyo al Trabajo de Organización Parlamentaria del Congreso, que en la práctica, apoya las actividades de la presidencia de ese poder del Estado. Ojo que Galindo está a favor de volver a la Constitución de 1979.
Francisco Eguiguren: Si es por méritos académicos, sería un lujo tenerlo en el TC. Es profesor de Derecho Constitucional y consultor en esta materia desde hace varias décadas, con varias publicaciones académicas en su haber. Ha sido ministro de Justicia en este gobierno y es nuestro actual embajador en España. Sin embargo, una declaración suya ha motivado varios arqueos de cejas, al señalar, en enero pasado, que la norma que impide postular a Nadine Heredia es inconstitucional. Al no despejarse la sospecha sobre algún proyecto continuista, cuya llave puede ser un amparo ante el Tribunal, estas declaraciones juegan en su contra.
Rolando Sousa: De los abogados cercanos al fujimorismo, es uno de los más hábiles y fue un buen operador político en una bancada que hoy los extraña a gritos. Sin embargo, tiene dos serios conflictos de intereses con su estudio de abogados. De un lado, los hábeas corpus que la defensa de Alberto Fujimori busca plantear para su libertad, de cualquier forma. De otro lado, la participación de su socio como abogado de militares procesados por violaciones a los derechos humanos, quienes podrían plantear acciones de garantía si son condenados.
Ernesto Blume: Abogado experto en derecho constitucional y temas municipales. Fue el brazo derecho legal de Alberto Andrade durante varios años. El único cuestionamiento que tiene es ser suegro del sobrino más famoso del líder de Perú Posible, Jorge "Coqui" Toledo.
A ellos se suman:
Víctor Mayorga: Actual embajador del Perú en Cuba. Propuesto por Gana Perú. Sus únicas declaraciones públicas durante el año y medio que tiene en La Habana han sido a través de su cuenta en Twitter, para lamentar la muerte de Hugo Chávez. Su paso por el Congreso no fue precisamente destacado.
José Luis Sardón: Propuesto por el fujimorismo. Decano de la facultad de Derecho de la UPC. Cercano a posiciones libertarias antes que liberales. Estuvo a favor del otorgamiento del indulto humanitario a Fujimori y es bastante tibio - por decir lo menos - en la valoración de su gobierno. Experto en la relación entre derecho y economía.
Y pasemos al otro nombre polémico
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Pilar Freitas: Militante de Perú Posible y ex superintendenta de Registros Públicos. Freitas salió de la SUNARP peleada con el APRA. En Agencia Perú, denunciaron hace varios años que mientras fue Procuradora del Estado, tenía asiento en 5 directorios de entidades estatales. Los descargos de Freitas los pueden ver aquí. Actualmente, es vicepresidenta de la Fundación Canevaro y regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima. No se le conoce mayor trayectoria en la defensa de derechos fundamentales y su nombramiento es el más político, junto con los de Souza, Mayorga y Galindo, de los antes reseñados.
La legislatura se amplía hasta el 17. Veremos si, hasta esa fecha esta lista se mantiene y algún nombre es elegido. Vislumbro otro entrampamiento, al menos, en lo que se refiere a TC y Defensoría.
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Información: García Toma: Fallo del TC demuestra que el caso Fujimori está zanjado y convalida sentencia del PJ - 12/08/2011 16:50:23
" Ideeleradio.- El fallo del Tribunal Constitucional (TC) demuestra que el caso de Alberto Fujimori está zanjado y convalida que en la sentencia emitida por el Poder Judicial se ha respetado el debido proceso, afirmó Víctor García Toma, ex ministro de Justicia.Fue al comentar la decisión del máximo intérprete de la Carta Magna, que declaró infundado el hábeas corpus interpuesto por la defensa legal del ex mandatario Alberto Fujimori que buscaba una supuesta violación al principio de la pluralidad de instancia.
"No solamente por la forma sino por el fondo es que esta sentencia convalida y consolida la actitud y comportamiento del Poder Judicial que puede recibir muchas críticas, pero en lo que se refiere a este proceso en particular [caso Alberto Fujimori] ha sido paradigmático", expresó en el programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio.
"Un abogado puede presentar todas las impugnaciones, recursos, [porque] está en su derecho, pero me parece que en el sistema jurídico van a seguir la misma suerte que lo que se ha presentado ayer. Entonces desde el punto de vista jurídico este tema está zanjado", opinó.
Al respecto, insistió en señalar que era predecible, la decisión que iba adoptar el Tribunal Constitucional, en el sentido de que en el juicio al ex presidente se respetó el debido proceso.
"Lo que ha sucedido es algo que desde el punto técnico era predecible. El Tribunal lo que ha hecho es señalar que se ha respetado el debido proceso en el caso de Alberto Fujimori y que en consecuencia no se ha afectado el contenido esencial de ninguno de los derechos vinculados con el debido proceso", agregó.
Caso de Antauro Humala no es un tema político
De otro lado, comentó que el caso de Antauro Humala no es un tema político sino judicial y que por tanto debe resolverse en ese sector.
"El caso de Antauro Humala no es un tema político sino es un tema judicial y la instancia donde tiene que verse es en el Poder Judicial, pero el Poder Judicial no es el único actor, está el Ministerio Público y las Procuradurías Públicas. En consecuencia si hay una resolución, una sentencia, que no se ajusta a derecho corresponderá en su oportunidad impugnar y plantear la revisión de una medida que pudiera eventualmente no ser conforme a la justicia", opinó.
Constitución vigente no es fujimorista
Por otro lado consideró que la Constitución vigente no es fujimorista y resaltó los aportes en relación a la creación de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucioanl, el Consejo Nacional de la Magistratura y el sistema electoral. Agregó, que fue recuperada con 27 reformas constitucionales y una serie de sentencias del Tribunal Constitucional.
"La Constitución vigente podemos acreditar que no es una constitución fujimorista. Ha traído cosas que son importantes [como] la Defensoría del Pueblo, la re-conceptualización del Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y el sistema electoral, pero esta Constitución del 93 no es otra cosa que una mutilación, amputación, de la [Constitución] del 79", añadió.
"Es decir, son 100 artículos que se quitan para decir que es una constitución más breve y qué mutilan toda la parte social, pero esa parte social ha sido recuperada con las 27 reformas que se han hecho a la Constitución y el centenar de sentencias del Tribunal en consecuencia si el fujimorismo quiso hacer de este país un Estado liberal y plantear una economía liberal de mercado hoy están sentadas las bases para decir que nosotros somos un Estado democrático derecho y nuestra economía social de mercado", argumentó.
Dijo que los textos constitucionales son obras de los seres humanos que pueden tener una miopía o percepciones equivocadas de la realidad. En consecuencia el tema de la reforma constitucional debe ser analizado por todos los actores políticos, sociales y jurídicos.
"En consecuencia quien se oponga a la reforma está encadenando a las siguientes generaciones del proceso constituyente a vivir dentro de un tipo de sociedad que con el tiempo puede quedar obsoleta. En segundo lugar, me parece arbitrario y absolutista que se consideren que hay temas que son tabús. Yo, soy sincero, no haría cambios en el régimen económico pero me parece de lo más saludable y democrático que se discuta los contratos de estabilidad", señaló.
"Cerrar las puertas a una discusión es una expresión de prepotencia autoritarismo y de clara manifestación antidemocrática. Sin embargo, creo que el error parte del gobierno, es decir, no está claro si el gobierno pretender regresar al texto del 79 o quiere realizar una reforma o quiere cambiar de Constitución, lo más grave es que no concretiza las razones por la cual pretende eso", añadió.
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