El Estatuto Provisorio del general entreguista Miguel Iglesias.- Las "leyes" aprobadas por el conciliábulo de familiares y amigos del felón Iglesias en Cajamarca, el 29 de diciembre de 1882 y el 30 de enero de 1883.- El sendero de la traición que te 2015-12-25 05:59:00
Escribe: César Vásquez Bazán
Estatuto Provisorio de Cajamarca, promulgado por el colaboracionista chileno Miguel Iglesias Pino de Arce y su ministro único y hermano menor Lorenzo Iglesias Pino de Arce (1). El Estatuto fue promulgado por Vidal García y García (2), sobrino político de Iglesias y presidente de la "Soberana Asamblea de Cajamarca".(Ahumada 1890, VII: 469-470)La Constitución de 1860 rigió la vida política de la nación peruana en los años 1882 y 1883, en los que se gestó esa vergüenza nacional llamada Tratado de Ancón.
El artículo segundo de la Constitución de 1860 señaló que "la Nación es libre e independiente, y no puede celebrar pacto que se oponga a su independencia o integridad, o que afecte de algún modo su soberanía".
La suscripción del Tratado de Ancón en 1883 implicó una abierta transgresión al artículo segundo de la Constitución de 1860. Burlando las normas constitucionales, el régimen prochileno integrado por Miguel Iglesias, sus familiares y amigos, violó la integridad del Perú al ceder a Chile los territorios de Tarapacá, Tacna y Arica.
¿Cómo se las arregló el títere chileno de Cajamarca para suscribir tan vil convenio en Ancón? En este post y en los siguientes, presentaremos documentos y testimonios acerca de la manera en que procedió el felón Iglesias para aceptar la "rectificación de fronteras" exigida por Chile como condición básica para dar fin a la Guerra del Salitre.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1860Artículos constitucionales violados por el régimen prochileno de Miguel Iglesias al firmar el Tratado de Ancón Artículo 1. La Nación Peruana es la asociación política de todos los peruanos. Artículo 2. La Nación es libre e independiente, y no puede celebrar pacto que se oponga a su independencia o integridad, o que afecte de algún modo su soberanía. Artículo 3. La soberanía reside en la Nación, y su ejercicio se encomienda a los funcionarios que esta Constitución establece. |
Estatuto Provisorio de Cajamarca
El Estatuto Provisorio fue aprobado por los familiares y amigos de Iglesias reunidos en la denominada "Soberana Asamblea de Cajamarca" el 30 de enero de 1883. Presidió el conciliábulo de Cajamarca Vidal García y García, sobrino político de Miguel Iglesias.
Hoy divulgamos el primero de esos documentos, el denominado Estatuto Provisorio de Cajamarca, usado por el régimen iglesista para definir las atribuciones y las restricciones a la acción del Poder Ejecutivo bajo el "protectorado" chileno.
Al menos existen cuatro disposiciones del Estatuto Provisorio de Cajamarca que merecen comentarse:
1. El inciso sexto del Estatuto Provisorio reconoció que sólo parte del territorio nacional estaba "sujeta a la autoridad" del régimen iglesista. Por supuesto, el Estatuto no explicó que las provincias "sujetas a la autoridad" de Iglesias eran precisamente las que se encontraban ocupadas por las tropas invasoras chilenas.
Entonces, por propia confesión, el gobierno de Cajamarca aceptó que el régimen mandado por Iglesias no era la "asociación política de todos los peruanos", y, al no serlo, no podía representar a la Nación Peruana en su integridad, como la definió el artículo primero de la Constitución de 1860.
2. El inciso vigésimo tercero del artículo primero del Estatuto Provisorioatribuye al Poder Ejecutivo la facultad de "iniciar las negociaciones de paz exterior conforme a la ley de 29 de diciembre de 1882". Ésta es una disposición circular porque el régimen de Iglesias nació prohijado y fue mantenido en el poder por los invasores extranjeros, quienes eran los que imponían las condiciones para el logro de la paz. Las principales acciones de Iglesias requerían de la aprobación previa o implícita de los representantes del gobierno de Chile en el Perú. Iglesias dependía de las bayonetas chilenas para gobernar la parte del territorio nacional en apariencia "sujeta" a su autoridad.
3. El inciso vigésimo sexto del artículo primero del Estatuto Provisorio convocó a elecciones para el "Congreso General Constituyente". Sin embargo, desde su nacimiento, estos comicios fueron anómalos debido a que Iglesias sólo controlaba una parte del territorio nacional. Los congresistas que resultaren electos en los territorios sujetos a la autoridad de Iglesias no formarían parte de un verdadero "Congreso General Constituyente" en vista que en ese Congreso no estarían representados los habitantes de los territorios controlados por el gobierno de García Calderón-Montero, y por sus fuerzas de resistencia encabezadas por Cáceres y líderes patriotas regionales como Puga.
4. Acentuando su carácter no representativo de la nacionalidad, el artículo octavo del Estatuto Provisorio negó el ejercicio de garantías individuales a los peruanos que al margen de la autoridad de Iglesias "promuevan y formen tumultos de rebelión y sedición contra el orden y seguridad pública y la estabilidad del Gobierno Regenerador, lo mismo que sus cooperantes y cómplices". Es decir, dejó sin garantías individuales a los luchadores de la resistencia peruana que no aceptaban la autoridad de Iglesias.
Ley del 29 de diciembre de 1882 decidiendo la paz inmediata con Chile
La siguiente es la ley a la que se refiere el Estatuto Provisorio de Miguel Iglesias. La "Soberana Asamblea de Cajamarca" –ente fantasmagórico conformado por familiares, amigos y favorecedores de Iglesias– "se decide por la paz inmediata con la República de Chile".
Ley del 29 de diciembre de 1882, dada por Vidal García y García, sobrino político de Miguel Iglesias y presidente de la "Soberana Asamblea de Cajamarca"Notas
(1) Lorenzo Iglesias Pino de Arce (1844-1885)
Lorenzo Iglesias Pino de Arce era hermano menor de Miguel Iglesias Pino de Arce. Entre el 3 de enero y el 27 de agosto de 1883 fue el ministro único del régimen de su hermano. Desempeñó simultáneamente los tres ministerios creados por la "Soberana Asamblea de Cajamarca": (1) Relaciones Exteriores, Justicia, Culto e Instrucción; (2) Gobierno, Policía, Obras Públicas, Estadística y Guerra y Marina; y (3) Hacienda, Comercio y Beneficencia.
(2) Vidal García y García (1837-?)
Miembro importante de la argolla iglesista fue el coronel Vidal García y García, hijo político de Mariano Castro Zaldívar y sobrino político de Miguel Iglesias. Vidal García y García estaba casado con la sobrina de Miguel Iglesias, María (Mavila) Castro Iglesias, hija de Mariano Castro Zaldívar y de la hermana de Miguel Iglesias, María del Rosario Iglesias Pino de Arce.
Vidal García y García era hermano de Aurelio García y García –el supuesto "as" de la Marina Peruana que abandonó a Grau en Angamos– y de José Antonio García y García que ocupó la presidencia del Senado durante el régimen del infame Mariano Ignacio Prado.
Vidal García y García fue el presidente de la "Soberana Asamblea de Cajamarca" o "Soberana Asamblea Legislativa del Norte" que proclamó la aceptación de la paz chilena y nombró presidente regenerador al traidor Miguel Iglesias. Fue designado tercer delegado del gobierno de Iglesias en Lima, siendo los otros dos Mariano Castro Zaldívar y José Antonio de Lavalle. Durante el régimen de Iglesias desempeñó diversos cargos y prefecturas, entre ellos la del Callao.
Fuentes
Ahumada, Pascual. 1890. Guerra del Pacífico. Valparaíso: Imprenta y Librería Americana. Tomo VII.
Congreso del Perú. Archivo digital de la legislación en el Perú: Legislación del siglo XIX en el Perú. Consultado el 7 de noviembre de 2013.
© César Vásquez Bazán, 2013Noviembre 7, 2013
Pronunciamiento de la Familia Bustíos Patiño 2015-12-21 14:36:31
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa públicamente su solidaridad con la familia de Hugo Bustíos Saavedra. Compartimos a continuación el pronunciamiento de los familiares del corresponsal de Caretas.
PRONUNCIAMIENTO DE LA FAMILIA BUSTÍOS PATIÑO
Margarita Patiño viuda de Bustíos. (Foto: La República)
Indignación, es lo que define el sentir de la familia Bustíos Patiño luego de conocida la noticia de que Daniel Urresti Elera ha sido ratificado como candidato presidencial del Partido Nacionalista Peruano (PNP), y que Susana Villarán de la Puente es primera vicepresidenta en su fórmula electoral.
A pesar de que hemos solicitado en reiteradas ocasiones que el general EP (r) Urresti baje al llano y renuncie, no sólo a sus aspiraciones presidenciales, sino también a la protección oficiosa por parte del gobierno de Ollanta Humala, esto no se ha dado, y además el PNP, violando sus propios estatutos, le ha reiterado su apoyo político y lo ha nombrado candidato presidencial.
Jamás en la historia de América Latina se había dado el caso de un acusado por crímenes de lesa humanidad asociado políticamente, y de manera pública, con una ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, nunca pensamos que Susana Villarán fuera capaz de una acción tan nefasta. Increíblemente, además de la alianza política, ha exculpado al acusado Urresti del crimen de Hugo Bustíos Saavedra, corresponsal de "Caretas".
Consideramos que el ejercicio de cualquier cargo público: presidente, ministro, congresista, alcalde… requiere una trayectoria impecable, e incluso estar libre de toda sospecha. Por ello, Susana Villarán, al apoyar al acusado del crimen de Hugo Bustíos, insulta, veja e indigna a los familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, que venimos luchando contra la injusticia, la impunidad y el olvido de los crímenes cometidos por los grupos subversivos y agentes del Estado peruano entre 1980 y 2000, principalmente en el departamento de Ayacucho.
La justicia para las violaciones de los Derechos Humanos es aún una deuda pendiente de nuestro país, pues miles de familiares que perdimos a nuestros seres queridos seguimos clamando justicia ante la lapidaria impunidad que actualmente enfrentamos.
En consecuencia, la alianza Urresti-Villarán es una vergüenza para quien pregona defender los derechos, valores y principios democráticos. Si bien se está a la espera de una sentencia que determine su culpabilidad o no, insultar de esa manera la lucha de la familia Bustíos Patiño, que viene batallando legalmente durante 27 años por encontrar plena justicia por Hugo Bustíos Saavedra, es inadmisible.
Debemos recordar que el Poder Judicial ya estableció en una sentencia previa que fueron miembros del Ejército peruano quienes acribillaron despiadadamente a Hugo Bustíos, y luego lanzaron un explosivo que voló parte de su cuerpo. Así de cruel, así de vil, fue el asesinato del corresponsal de "Caretas" el 24 de noviembre de 1988.
Cuando observamos la foto de la alianza Urresti-Villarán, nos retumban en la cabeza las palabras que pronunciara la ex alcaldesa de Lima, quien en otro tiempo fuera una de las figuras representativas de la izquierda peruana y defensora de los Derechos Humanos: "No cambio de principios, cambio de opinión".
Ahora queda claro en qué consisten sus principios y cambio de opinión. En convertirse en vicepresidenta de la plancha del acusado Urresti y exculparlo públicamente de tan execrable crimen, como si ella estuviera por encima de la justicia y sin tomar en cuenta las contundentes pruebas y testimonios -como el de Isabel Rodríguez Chipana, testigo presencial del crimen- que incriminan a su candidato.
Exhortamos a los gremios de periodistas, al movimiento peruano de derechos humanos y a la ciudadanía en general a manifestar su rechazo ante esta situación. Quien pretenda ser el próximo presidente o presidenta del Perú debe saber que los Derechos Humanos son un fundamento esencial de la democracia, y que por lo tanto no son negociables. Cada vez que logramos hacer justicia sobre los crímenes del pasado, nos estamos recuperando a nosotros mismos y estamos reparando a nuestro país.
Familia Bustíos Patiño
Lima, 21 de diciembre del 2015.
Medidas populistas no benefician al Colectivo de Personas con Discapacidad 2015-12-21 11:31:07
En sesión del Pleno del Congreso de la República, de fecha 10 de diciembre del presente año, se ha aprobado por mayoría el Proyecto de Ley Nº Ley 3915/2014-CR, el mismo que busca modificar el artículo 20 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, agregándole un inciso, el cual dispone que las personas con discapacidad severa tienen derecho a pase libre en el servicio de transporte urbano e interurbano de pasajeros. Asimismo, el proyecto en mención propone este beneficio para las personas con discapacidad severa inscritas en el registro del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). También dispone que el presupuesto para la implementación de la misma sea con cargo al presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la adecuación del Reglamento de la Ley 29973 en un plazo de 30 días.
La Ley 29973, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP, establecen las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad en el transporte público al señalar que las empresas de transporte público han de contar con unidades accesibles, asientos reservados y espacios preferentes de fácil acceso y el uso de determinado volumen de sonido dentro del vehículo para personas con discapacidad.
Este Proyecto de Ley, que aparentemente otorga beneficio a las personas con discapacidad severa dentro del colectivo de personas con discapacidad, al ser contrastada con las situaciones cotidianas que enfrenta dicho colectivo, no resulta un escenario alentador. A menudo recibimos denuncias de las personas con discapacidad en el uso de los servicios de transporte, quienes aún cuando ellos sufragan sus gastos para que se les brinde tal servicio, son objeto de discriminación, maltrato, falta de información al usuario y falta de accesibilidad.
No está demás señalar que el proyecto expresamente busca beneficiar a las personas con discapacidad severa que estén inscritas en los Registro del CONADIS, lo cual ya es una situación que causa discriminación contra las personas que no se hayan acogido a esta referida inscripción, dado que las PCD se enfrentan a una situación de invisibilidad en las ciudades y en mayor medida en el medio rural, lo cual hace muy difícil el poder acceder a este aparente beneficio.
Por último, el referido Proyecto de Ley no se ha sustentado debidamente con información que refleje la situación real de las PCD en nuestro país. En la formulación del mismo, no se ha dado lugar a la participación de las organizaciones que representan al Colectivo ni se ha recogido las opiniones de los mismos. Ello nos lleva a suponer que este Proyecto es una medida populista que solo busca réditos políticos para los autores del mismo.
Por ello, solicitamos que el Poder Ejecutivo observe el referido Proyecto de Ley, y que se reevalúe este proyecto tomando en cuenta la situación real del colectivo de Personas Con Discapacidad en nuestro país.
Mesa de Discapacidad y Derechos
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Sodalicio S.A.C.: El monstruo por dentro (parte 1) 2015-12-13 10:41:19
Sodalicio SAC por dentro Más de US$ 4 millones solo en bienes inmuebles y 59 vehículos para el transporte de sus miembros y el uso en sus cementerios. El Sodalicio de Vida Cristiana, creado por Luis Figari, experimentó un saludable crecimiento en sus pocos años de vida. Ahora se entiende por qué el conflicto por expulsar a su fundador va más allá de la moral. Escribe: Laura Grados en alianza con La República
El Sodalitium Christianae Vitae (SCV) fue fundado en 1971 en Perú por el laico Luis Fernando Figari, hoy acusado de abuso sexual, físico y psicológico contra los jóvenes miembros de su organización a lo largo de aproximadamente 30 años. El caso se ventila, de oficio, en el Ministerio Público. El escándalo que ha puesto en el ojo de la tormenta a la organización llegó a su punto máximo con la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, que ha sido el combustible perfecto para la detonación de una serie de sucesos al interior no solo del Sodalicio, sino de toda la Iglesia Católica peruana. Esta publicación ya ha documentado las disputas entre el Arzobispado de Lima, la Conferencia Episcopal, las cabezas actuales del SCV y el círculo íntimo del propio Luis Fernando Figari. Todos, excepto los últimos, tratando de limpiarse del polvo que se levantó tras las denuncias públicas de abusos. Así las cosas, desde finales de octubre, cuando el cardenal Juan Luis Cipriani hizo un amago de advertencia, solicitando públicamente al SCV la expulsión de su líder fundador, ha pasado más de un mes y la organización, que goza de derecho canónico, no se ha pronunciado al respecto. Figari continúa viviendo en Roma en situación de "retiro", mientras que el Sodalicio definió la conformación de la Comisión ad hoc para atender las denuncias. Sin embargo, existe otro asunto que preocupa más a los sodálites y se trata de la investigación que por tres meses la 26 Fiscalía Procesal Penal, a cargo de María Peralta, llevará a cabo. Esto supone, en boca de ellos mismos, tener encima al Ministerio Público solicitando documentación que hubiesen preferido nunca tener que compartir. El negocio y el concordato Resulta que tras 44 años de su creación (8 de diciembre de 1971) la organización ha experimentado no solo un notable crecimiento entre acólitos –además de Perú en varios otros países latinoamericanos–, sino una expansión económica sostenida en el tiempo. Para nadie es un secreto que el SCV se enfocó en apuntar como público objetivo, principalmente, a los sectores socioeconómicos A y B. Hijos de padres empresarios o altos mandos en empresas. Muchachos con posibilidades de aportar un poco más que la oración. El SCV goza de derecho pontificio. ¿Eso qué significa? El término es fundamental. El artículo 19 de la Ley de Impuesto a la Renta (IR) trata sobre la aplicación de una exoneración del IR a ciertas organizaciones. En este caso nos referiremos a las que son de corte religioso sin distinción de credo. Pueden ser católicos, cristianos protestantes, judíos, musulmanes, budistas, etc. Todos ellos están exonerados del IR siempre que el excedente obtenido, producto del alquiler o venta de un bien o servicio de su congregación, sea reinvertido en actividades religiosas. Pero para el caso particular de la Iglesia Católica en nuestro país, durante el gobierno dictatorial (1975-1980) del general Francisco Morales Bermúdez, el Estado peruano firmó un acuerdo con la Santa Sede, denominado Concordato. En este documento, entre otras cosas, se hacen especificaciones acerca de la situación tributaria de las organizaciones católicas. Así pues, tenemos que la Iglesia Católica posee una especie de inmunidad tributaria a nivel constitucional. Los ingresos que genere no se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta cualquiera sea el destino de estos. Aprodea, eje principal La Asociación Promotora del Apostolado (Aprodea) está inscrita como Institución Religiosa y se registró en 1978. El domicilio fiscal está ubicado en la calle Pedro de Osma 434, en Barranco. El presidente de esta institución es Alfredo Martin Ferreyros, mientras que los apoderados son Jaime Trelles Thorne y Andrés Tapia Arbulú. Aprodea funciona como el eje principal para el Sodalicio. A su nombre, según una búsqueda en los Registros Públicos (Sunarp), se encuentran cinco predios, entre los cuales figura un terreno rústico en Puente Piedra, en donde funciona el cementerio Jardines del Buen Retiro. Además posee dos inmuebles en La Molina, uno en El Sol, comprado en el 2005 por una suma total de 480 mil dólares, y otro en la urbanización Club Campestre Las Lagunas, adquirido por un nada despreciable monto de 1.7 millones de dólares en el 2013. Este último presenta un área de más de dos mil 224 metros cuadrados. 
Esta es la exclusiva calle Las Redes en La Molina, en donde se ubica el inmueble de casi 2 millones de dólares del Sodalicio.
Imagen: googlestreetview
Imagen: Sunarp.
Imagen: Sunarp.
Los cementerios Parque del Recuerdo y Jardines del Buen Retiro fueron inscritos como instituciones religiosas. Ambos tienen como representante legal a Juan Carlos Len Álvarez, un antiguo miembro del Sodalicio y uno de los brazos empresariales de la organización. Es hermano de Gonzalo Len, hombre de suma confianza de Luis Fernando Figari. Obtener un nicho para cuatro personas en uno de estos cementerios no baja de los cinco mil dólares, que se pueden pagar en cómodas cuotas mensuales por un periodo determinado. La ventaja de estas dos empresas manejadas por Len Álvarez es que, al ser inscritas como instituciones religiosas, están exentas de pagar impuestos, como ya lo habíamos explicado tras, la firma del Concordato. Solo Parque del Recuerdo registra 15 vehículos a su nombre, en varios de ellos comparte propiedad con Jardines del Buen Retiro. Las asociaciones Según lo explica el especialista en derecho tributario Mario Alva Matteucci, el literal b) del artículo 19 de la Ley del IR determina un supuesto de exoneración para las rentas que son generadas específicamente por las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. En el caso del SCV, existen tres asociaciones vinculadas. La primera, Solidaridad en Marcha, está representada por José Ambrozic, uno de los hombres de confianza de Figari. Ambrozic es actualmente vicario general del Sodalicio. Esta organización –sin fines de lucro– registra un inmueble y 18 vehículos a su nombre, según consta en los documentos encontrados en la Sunarp. La segunda es básicamente una especie de imprenta. Registrado como asociación, el Centro Cultural de Investigación y Publicaciones Vida y Espiritualidad es presidido por Carlos Neuenschwander Sahurie, natural de Arequipa y miembro activo del Sodalicio, es sobrino del actual congresista pepecista Juan Carlos Eguren. La tercera es la Asociación para el Fomento de la Educación, la Cultura, el Deporte y Otros, representada legalmente por su presidente, Mario César Constantino Rivarola Morán, quien llegó al Sodalicio de la mano de Luis Figari. Rivarola Morán es visto, al interior de esa organización, como el visionario en cuanto al manejo del dinero. Esa es, digamos, su principal misión. Las asociaciones están exoneradas del pago de Impuesto a la Renta, siempre que el excedente producto del alquiler o venta de algún bien o servicio sea reinvertido en los fines religiosos o para los que han sido fundadas. Figari versus millones Hasta el momento, entonces, los rostros visibles en las entidades creadas alrededor del Sodalicio se centran en José Ambrozic, Juan Carlos Len, César Rivarola y Carlos Neuenschwander. Estos cuatro personajes tienen bajo su administración los principales bienes de la organización, que podríamos resumir en seis inmuebles que, juntos, comparando con los precios actuales del mercado, suman más de cuatro millones de dólares, además de 59 vehículos para la movilidad de sus miembros y funcionamiento de los cementerios/empresa. Hoy el Sodalicio continúa en el ojo de la tormenta. En su interior se lleva a cabo una dura batalla entre quienes quieren expulsar al acusado de violación sexual, Luis Figari, y quienes saben que es casi improbable, puesto que se trata de su líder fundador, sin contar con la férrea defensa que el investigado hace sobre sí mismo. Lo que Figari fundó, más allá de una organización dedicada a la oración y a la formación de los "soldados de María", fue un conglomerado de asociaciones e instituciones que concentran un creciente poder económico no solo al interior de la Iglesia Católica sino a nivel nacional. De ahí la enorme disyuntiva de si expulsar al líder fundador o no.Conductores y pasajeros de motocicletas deberán llevar distintivos de seguridad 2015-09-24 17:28:12
Según un decreto legislativo del Poder Ejecutivo, se otorga un plazo de 60 días luego de publicar el reglamento para el uso de la calcomanía holográfica de seguridad detrás de los vehículos, y 90 días para el uso de chalecos y cascos de seguridad.
FuenteCorrupcion en el Per
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