Multinacionales, Impuestos y Comisiones Parlamentarias 2016-03-07 18:30:37
Es conocido que las 7 grandes multinacionales tecnológicas (Apple, Amazon, Twitter, Microsoft, eBay, Google y Facebook) ingresaron en la Hacienda española en concepto de Impuesto sobre Sociedades de 2014, entre todas, poco más de 180 millones de euros, lo que supone una cifra irrisoria en relación al beneficio conjunto.
La realidad es que estas multinacionales, y no sólo éstas, sino todas en general, contribuyen poco en concepto de Impuesto sobre Sociedades. Pero esto no sólo pasa en España. Según estimaciones que han sido asumidas por organismos internacionales de solvencia, el tipo impositivo medio mundial de estas grandes corporaciones no pasa del 2%. Y el caso es que lo hacen legalmente. Utilizan artificios contables (especialmente precios de transferencia, préstamos inter-grupo y royalties) que les permiten trasladar los gastos donde son (o lo son más) deducibles y los ingresos, donde son menos (o nada) computables, practicando una contabilidad mundial que podríamos llamar 'deconstruída', como la famosa tortilla.
A ello habría que añadir los 'tax ruling', o acuerdos a los que llegan las multinacionales con los diferentes gobiernos, que les permiten trasladar flujos entre sus filiales localizadas en diferentes estados y pagar menos, en definitiva. Recuérdese el escándalo que supuso la publicación de los documentos confidenciales que amparaban los acuerdos secretos pactados entre el Gobierno de Luxemburgo con 340 multinacionales, de 2002 a 2010.
Todo esto ha llevado en definitiva a la conformación de un Impuesto sobre Sociedades 'a la carta': cada corporación tributa según su propia conveniencia.
En los últimos días hemos visto que en España, la prensa se queja de que el gobierno ni siquiera envía inspectores a estas compañías. Hay que decir que, aparte de que esto no es así, la Inspección de Hacienda de cada país individual difícilmente puede evitar estas situaciones. En primer lugar porque, como hemos dicho antes, estamos hablando de operaciones que son, en su mayoría, legales, es decir, que cumplen la normativa legal y fiscal de cada país afectado, entrando en el terreno pantanoso de la moralidad y la ética, donde en todo caso, la Inspección no puede, ni debe, entrar. En segundo lugar, porque estaríamos enfrentando Inspectores con competencia exclusivamente nacional a prácticas fiscales derivadas de operaciones efectuadas por multinacionales que actúan en un entorno de actividad económica globalizada.
¿Quiere esto decir que no se puede hacer nada frente a esta situación, que al fin y al cabo, es injusta desde el punto de vista fiscal, y por tanto, social? No. Se puede hacer y mucho.
Ayudaría bastante la armonización del Impuesto en el seno de la Unión Europea, pero por el momento, sólo se han producido al respecto algunos intentos, que han resultado fallidos. Sí se ha llegado sin embargo a importantes acuerdos de intercambio de información entre los estados miembros, que suponen un gran avance en la materia.
A nivel mundial, es destacable y mucho, el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shiftings), encargo del G20 a la OCDE. Si tradicionalmente este organismo internacional se ocupaba de corregir los problemas de doble imposición internacional, con este proyecto la OCDE trata de evitar 'la doble no tributación'. BEPS intenta limitar los 'vacíos normativos' existentes a nivel internacional. Una vez que sea firmado en 2016 por todos los países interesados (miembros del G20 y países en desarrollo, esto es lo interesante), éstos deberán modificar sus normativas fiscales nacionales para adaptarlas al acuerdo definitivo.
Pero existen otras vías, entre otras, la de apelar a la responsabilidad social corporativa, a través de la presión que pueden ejercer en la opinión pública la prensa, las ONG´s y otros organismos, y aquí es donde quería yo destacar la peculiar experiencia de Reino Unido. Aquí el gobierno ha contado y cuenta con la ayuda inestimable del Parlamento. Y me estoy refiriendo, en concreto, a la tarea de la M.P. Margaret Hodge, laborista, que fue Presidenta de la Comisión Parlamentaria de Cuentas Públicas (Public Accounts Committee). Dicha Comisión es responsable de la supervisión de las cuentas públicas, y existe en la Casa de los Comunes desde 1857. Pues bien, la Sra. Hodge convocó en 2012 a los grandes directivos de Google, Starbucks y Amazon para un interrogatorio ante la Comisión, emitido en internet. En el interrogatorio, del que les animo a ver un extracto aquí, los diputados de la Comisión realizan con bastante arrojo preguntas a los directivos que, por sus caras y su voz titubeante, parece que nunca antes se han enfrentado a un tribunal semejante, poniendo de manifiesto que los resultados son difíciles de creer. Podemos destacar el caso de Starbucks, que molestó especialmente a los diputados: la empresa, que contaba con 7.000 empleados y 800 establecimiento en Reino Unido, había declarado pérdidas en Reino Unido en los últimos tres ejercicios. Simplemente inexplicable.
El trabajo de dicha Comisión tuvo una gran repercusión mediática en Reino Unido, habiendo resultado muy fructuoso, que es lo que nos interesa destacar aquí. Días después del interrogatorio, Starbucks prometió pagar 'una cantidad significativa de impuestos en 2013 y 2014, independiente de si la empresa es rentable o no en estos años', comenzando efectivamente en 2013 a realizar pagos por el Impuesto sobre Sociedades.
También a partir de la repercusión que el informe de la Comisión tuvo en la opinión pública surgió la iniciativa de instaurar el Impuesto sobre Beneficios desviados (Diverted ProfitsTax), vulgarmente llamada 'Google Tax', que se basa en el planteamiento de que el volumen de ventas que una empresa multinacional tiene en un país concreto debe reflejarse en los impuestos que dicha empresa paga en dicho país (criterio de la fuente), frente a la situación habitual, en que estas empresas pagan sus impuestos en el país de su residencia fiscal.
Más recientemente, en enero de 2016, Google ha llegado a un acuerdo con la HMRC (la Hacienda británica) por el que pagaba 171 millones en concepto de Impuestos atrasados (2005-2015) tras un cambio en su contabilidad. El gesto se ha celebrado en la prensa conservadora pero ha recibido duras críticas por parte de la oposición, que la califican de insignificante. Se calcula que en dicho período Google debió obtener un volumen de beneficio en Reino Unido de 24.000 millones de libras, con márgenes del 30%, debiendo haber pagado 200 millones de libras al año, según el partido laborista.
Por mi parte, no me parece correcto que las multinacionales paguen 'à volonté' sus Impuestos, llegando a acuerdos con los gobiernos que, al fin y al cabo, podríamos calificar también de 'tax ruling', aunque se refieran sólo al pago. Lo que yo quería destacar aquí es la labor de las comisiones parlamentarias en Reino Unido, en este caso, la Comisión Parlamentaria de Cuentas Públicas. No sé a qué dedican su tiempo las comisiones parlamentarias en el Parlamento español, pero lo que sí creo es que ninguna ha arrimado el hombro de la manera en que la gente de la Sra Hodge lo hizo y sobre todo, con éxitos tan palpables. ¿Quizás les podríamos exigir más?
FMI y OCDE piden al G20 más reformas para consolidar recuperación 2016-02-26 13:05:09
En la reunión que inició en Shanghái, los dirigentes de ambas instituciones coincidieron en la "urgencia" de estas medidas y en la necesidad de acompañarlas de políticas monetarias y fiscales para generar crecimiento.El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pidieron hoy al G20 que adopte más reformas estructurales para consolidar la recuperación económica mundial.
Incluir en newsletter industrias Incluir en newsletter Industrias: No IncluirLa OCDE exige más reformas para reactivar el crecimiento mundial 2016-02-25 23:13:34
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Demandamos al Estado Peruano atender los derrames de petróleo y sus impactos en medio ambiente y ciudadanos 2016-02-18 14:48:59
PRONUNCIAMIENTO
El 25 de enero de 2016 se produjo un derrame de petróleo en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, producto de una rotura en el tramo II del Oleoducto Nor Peruano operado por Petroperú S.A. Se derramaron casi 2,000 barriles que por las lluvias se esparcieron por todo el río Chiriaco, que es un importante afluente del río Marañón, afectando a ocho comunidades Awajun y casi 5000 personas.
Un nuevo derrame se produjo el 03 de febrero de 2016 en territorio de la comunidad Wampis de Muyuriaga en la cuenca del Morona, provincia del Datem del Marañón, departamento de Loreto. El petróleo derramado a los cuerpos de agua es de casi 1,000 barriles. Este derrame ha afectado a diez comunidades y casi 3500 personas.
Desde el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas exigimos que las entidades estatales competentes (OEFA y OSINERGMIN) emitan las medidas oportunas, tanto de remediación como de prevención y, de ser necesario, se inicie el proceso de fiscalización y sanción correspondiente. Aunque cabe indicar que cierta normativa emitida por el actual Congreso de la República, como la ley Nº 30230, ha reducido significativamente la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Los derrames ocurridos demuestran el descuido y la desidia del Estado peruano con respecto al mantenimiento de sus propias instalaciones estratégicas energéticas que atraviesan tramos importantes y altamente sensibles de la región amazónica y territorios de comunidades nativas, violando el derecho de los ciudadanos peruanos a conservar un ambiente sano y contar con garantías para su salud. Estos derrames se suman otros dos que en menos de dos años ocurrieron en el Oleoducto Nor Peruano que afectaron gravemente a las comunidades de Cuninico, San Francisco y San Pedro. En ese sentido, solicitamos la renovación del ducto ampliamente deteriorado, así como el establecimiento de una indemnización en favor de las comunidades nativas afectadas.
Demandamos que los Ministerios del Ambiente, Cultura y Salud asuman su deber de protección de la naturaleza y de la salud y vida de las comunidades nativas de la zona, y que Petroperú realice la pronta remediación de la zona afectada. Asimismo, exigimos la renuncia del presidente de Petroperú, Germán Velásquez, por sus lamentables declaraciones en las que ha afirmado que el derrame fue producto de la naturaleza y que ya tomaron las medidas respectivas. No obstante es notorio que han sido niños y ciudadanos de las comunidades afectadas quienes recogieron con sus propias manos el crudo derramado sin la debida protección. Por ello debe brindarse también la atención de salud que corresponde a una emergencia de éste tipo.
En vista que no son los primeros derrames de crudo del Oleoducto Nor Peruano, exigimos el cierre inmediato de esta instalación hasta que la misma se renueve o, al menos, reciba el mantenimiento necesario y se adopten todas las medidas de prevención posibles para evitar nuevos derrames. Por ello es que saludamos la reciente Resolución Directoral Nº 012-2016-OEFA/DS de fecha 15 de febrero de 2016, mediante la cual el OEFA ordena como medida preventiva que Perupetro otorgue, respecto a los tramos I y II del ramal Norte del Oleoducto Nor peruano, el mantenimiento efectivo, inmediato e integral de las partes del ducto que no han sufrido deterioro severo y el reemplazo del ducto de aquellas secciones que han sufrido deterioro severo. Lo que a esta resolución de OEFA le faltó es ordenar la inmediata paralización del bombeo de petróleo hasta que Petroperú realice el mantenimiento y el reemplazo del ducto (o al menos establecer un plazo máximo para que OEFA realice las acciones que se le ordenan).
Asimismo, reconocemos los esfuerzos y alertas de las comunidades nativas afectadas y sus organizaciones representativas de CORPI SL, ORPIAN-P y AIDESEP que denunciaron estos hechos y están en la zona atendiendo la grave situación, por lo que respaldamos sus demandas.
Febrero, 2016
Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Foto portada: Aidesep
OCDE recoge iniciativas para lucha contra la corrupción en contratación pública 2015-08-18 17:54:58
El Perú fue hace poco, luego de Colombia, el segundo país seleccionado por la OCDE y el Instituto de Gobernanza de Basilea para crear un Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel Anticorrupción.
Fuentetraslado de Gerald Oropeza hasta el penal de Piedras Gordas y Precandidato de la izquierda a Primer Caballero de la Naci
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